Trabajadores y abogados han tenido que pagar de su propio bolsillo pipas de agua para que el edificio funcione mínimamente. Más grave aún, la inutilización de sanitarios ha llevado a situaciones francamente indignas, obligando a las personas a salir del recinto para cubrir necesidades básicas.
La protesta pacífica surge del hartazgo acumulado, de una problemática que —según refieren— no ha sido atendida de fondo. Y aquí es donde la discusión debe elevarse: es un asunto de derechos humanos. La insalubridad en espacios públicos vulnera la dignidad de quienes los usan y, en este caso, pone en entredicho la propia legitimidad del sistema judicial.
Porque la justicia no solo debe ser pronta y expedita; también debe ser digna.
La magistratura del estado no puede permanecer ajena. Atender estas condiciones no es un favor ni una concesión, es una obligación institucional. Ignorar el problema solo profundiza la brecha entre el discurso y la realidad.
Si los espacios donde se imparte justicia se encuentran en el abandono, el mensaje que se envía es devastador: que la dignidad también es opcional.
Y no debería serlo. Está columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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