Lo verdaderamente importante es entender que un vehículo chatarra no es un activo: es un pasivo disfrazado.
Cada unidad inservible genera costos. Aunque permanezca abandonada en un corralón oficial o estacionada en patios gubernamentales, continúa implicando gastos por resguardo, inventario, vigilancia y, en muchos casos, pago de pólizas de seguro, derechos vehiculares o cargas administrativas derivadas de la propia normatividad. Es decir, el gobierno continúa destinando dinero público a bienes que ya no sirven absolutamente para nada.
En términos de finanzas públicas, la depuración de activos improductivos permite sanear los balances contables del Estado. Se eliminan registros ficticios de patrimonio, se transparenta el valor real de los bienes gubernamentales y se evita seguir destinando recursos a mantener estructuras obsoletas. Poner orden también significa sincerar las cuentas públicas.
Y ahí radica la relevancia de la estrategia paralela impulsada por Nahle García: mientras se eliminan unidades inservibles, se construye una nueva infraestructura vehicular y operativa para atender necesidades reales de la población.
La adquisición proyectada de cuatro helicópteros, 250 patrullas, 300 motocicletas, 60 ambulancias, 30 pipas y más de 200 unidades de transporte y maquinaria agrícola no debe analizarse únicamente como gasto. Se trata de inversión pública operativa. Un helicóptero funcional puede significar salvar vidas en una emergencia médica o atender incendios forestales; una ambulancia nueva reduce tiempos de respuesta; una patrulla moderna fortalece presencia policial; maquinaria agrícola incrementa productividad y capacidad de apoyo al campo.
La diferencia está en que ahora existe una lógica administrativa de sustitución y orden, no de acumulación caótica.
Durante décadas, muchos gobiernos optaron por la comodidad política: seguir almacenando chatarra para evitar procedimientos administrativos complejos. El resultado fue un aparato gubernamental inflado, desordenado y financieramente ineficiente. Lo que hoy ocurre en Veracruz rompe con esa vieja práctica.
Porque gobernar también implica tomar decisiones incómodas pero necesarias. Y una administración pública moderna no puede seguir operando con inventarios ficticios ni con activos muertos que consumen dinero público.
La medida impulsada por Rocío Nahle confirma algo fundamental: cuando existe disciplina administrativa, control financiero y voluntad política, sí es posible reorganizar el patrimonio estatal, fortalecer capacidades operativas y sanear las finanzas públicas al mismo tiempo.
En política, poner orden rara vez genera aplausos inmediatos. Pero en administración pública, poner orden siempre termina generando resultados.
Al tiempo.
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