La respuesta política tampoco pasó desapercibida. Desde el Congreso local, el diputado Esteban Bautista aseguró que ya existe un procedimiento contra funcionarios responsables de almacenes y directivos hospitalarios. El mensaje intenta marcar distancia con administraciones pasadas y sostener el discurso de que “no son iguales”. Sin embargo, para muchos ciudadanos el problema ya no es únicamente quién tiene la culpa, sino por qué continúan ocurriendo situaciones que afectan directamente la atención médica.
El tema también exhibe un viejo problema estructural: la falta de transparencia en la cadena de distribución de medicamentos. Los documentos oficiales no especifican qué fármacos vencieron, si eran oncológicos, antibióticos o especializados, ni por qué permanecieron almacenados tanto tiempo. Tampoco se sabe si hubo errores de cálculo en las compras, fallas logísticas o simple negligencia administrativa.
En un Estado donde miles de personas dependen exclusivamente del sistema público de salud, dejar caducar medicamentos no es solamente una pérdida económica. Es una señal de desorden institucional y, para muchas familias, una bofetada moral. Especialmente cuando se trata de tratamientos contra el cáncer, enfermedad donde el tiempo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
El desafío para el gobierno estatal no será únicamente castigar responsables. También tendrá que demostrar que puede corregir los mecanismos de almacenamiento, distribución y supervisión para evitar que el desabasto conviva, irónicamente, con bodegas llenas de medicamentos vencidos.
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