Hoy muchos maestros y directivos viven entre el miedo a actuar y el riesgo de no hacerlo.
El tema dejó de ser menor desde hace tiempo sin haber una respuesta efectiva.
En distintas partes del país ya existen antecedentes documentados del caso EST 1 del Puerto de Veracruz:
En Zacatecas, estudiantes crearon catálogos digitales con imágenes alteradas de compañeras menores de edad; en el IPN de la Ciudad de México incluso se detectaron miles de archivos manipulados con fines de distribución.
Es decir, no se trata de hechos aislados. El fenómeno ya cruzó secundarias, bachilleratos y universidades.
Por eso lo ocurrido en Veracruz merece algo más que indignación momentánea. Merece protocolos claros, intervención institucional seria y consecuencias legales cuando corresponda. Sobre todo porque la Inteligencia Artificial llegó mucho más rápido de lo que llegaron las reglas para contener sus abusos.
Y ahí aparece el chamuco: si otros estados ya enfrentaron casos similares, ¿por qué las escuelas siguen reaccionando como si fuera la primera vez que ocurre? Porque lo verdaderamente peligroso no es solamente la tecnología. Lo es, normalizar que una agresión digital contra menores termine reducida a “cosas de jóvenes”.
Y eso, socialmente, ya comenzó a salirse de control.
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