Prefacio.

Esta semana ocurrió algo que ya casi no se veía en el territorio veracruzano: la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que luego del cateo de una propiedad en la colonia Vicente López, de La Antigua, fueron asegurados “aretes” de identificación ganadera con distintas numeraciones, además de equipo para conservar productos refrigerados. *** La Policía Ministerial inició una investigación sobre el posible manejo de reses robadas (abigeato) y ocho personas fueron detenidas. *** Los casos de abigeato en la entidad casi se habían extinguido. En otros tiempos, la labor coordinada de los puntos de inspección zoosanitaria y las unidades móviles de Seguridad Pública acabó con ese delito. Sin embargo, el combate a la plaga del gusano barrenador abrió verdaderas autopistas de corrupción. *** Los inspectores de sanidad animal cobran “moche” a quienes transportan jaulas con ganado bovino, para “brincarse” los puntos de inspección. Eso no sólo ha provocado que la plaga del gusano barrenador avance, sino que ha permitido que rebrote el robo de ganado. *** Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública detallan que en el primer semestre del presente año se han registrado 89 denuncias por robo de ganado en Veracruz. Enero tuvo la cifra más alta, con 25 casos, mientras que en junio se reportaron 23 casos. *** Sin hacerlo público, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado (Sedarpa) ha hecho drásticos ajustes en su plantilla de inspección, movilización y en las áreas donde se expiden constancias y certificados de introducción de ganado. *** En la Dirección de Ganadería retiraron a su titular y hasta la fecha no han nombrado a nadie en su lugar; a la coordinadora encargada de expedir los permisos para la introducción de ganado la cesaron y al coordinador de movilización, Moisés Díaz Romero (el encargado de recolectar los “moches” en los puntos de inspección) ya lo quitaron del cargo. *** Mientras tanto, trascendió que la Exposición Internacional de Ganado Cebú, que estaba programada para realizarse del 7 al 16 de agosto en Tuxpan, habría sido cancelada, debido a que una organización criminal estaba exigiendo hasta 500 pesos por cabeza de ganado que se comercializara durante el evento. *** Los cálculos más someros hablan de no menos de 5 mil transacciones comerciales, lo que representaría un “cobro de piso” de 2.5 millones de pesos, tan sólo por la compra-venta de ganado, a lo que habría que sumar lo que les cobrarían a otros comercios que se establecieran en la Exposición. *** Inseguridad y corrupción, dos ingredientes que terminarán por acabar con la industria pecuaria en Veracruz.

* * *

La alcaldesa de Xalapa no termina de entender que los gobiernos municipales son órganos colegiados en los que un grupo de ciudadanos elegidos por la sociedad aportan ideas, proyectos y propuestas, para mejorar las condiciones de la comunidad.

Alguien le debió explicar a la alcaldesa que al asumir la presidencia municipal de Xalapa se integró a un cuerpo edilicio en el que todos sus integrantes tienen el poder de votar sobre cada tema que ahí se discute y que el voto de la alcaldesa -como edil- es sólo uno más.

Esta semana el Cabildo xalapeño realizó una sesión extraordinaria para someter a votación el proyecto de Decreto con el que se pretende reformar el último párrafo de la fracción III del artículo 67 de la Constitución de Veracruz.

La propuesta (ya aprobada por el Congreso local, pero que requiere el respaldo de al menos la mitad más uno de los Cabildos de la entidad, esto es: 107) abre el catálogo de perfiles profesionales para quienes aspiren a ocupar la titularidad del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis). Hasta hoy quienes ocupan ese cargo deben demostrar que cursaron la carrera de Derecho, pero con la reforma también podrían acceder a dicho cargo profesionales de la Contaduría Pública, Economía o en Administración Pública. También se permitirá que el titular sea alguien que no haya nacido en Veracruz.

La propuesta ya había sido rechazada por legisladores de oposición, pues advertían que se estaba diseñando un “traje a la medida” y no se atendían temas de fondo en materia de fiscalización.

En el Cabildo de Xalapa, los regidores de Movimiento Ciudadano (MC) negaron su apoyo al proyecto de decreto y a su postura se sumaron otros dos ediles, mientras que dos regidoras (una del partido “aliado”, el Verde y otra del PRI) se declararon en abstención.

De 15 votos que se suman en el ayuntamiento capitalino, ya ocho no estaban a favor. Para colmo, al inicio de la sesión se anunció que no podría asistir el síndico, lo que dejaba la votación con 6 a favor de la reforma, seis en contra y 2 abstenciones.

Fue en ese momento en el que a la alcaldesa “le cayó el 20”. Se enteró de que su voto en el Cabildo pesa lo mismo que el de los otros ediles.

Tuvieron que hacer verdaderos milagros. Consiguieron que el síndico dejara lo que estaba haciendo para que llegara a la sesión y aportara el voto que les faltaba para la aprobación del decreto.

“¿Se imaginan como se va a poner la gobernadora si se entera que en Xalapa no pudimos sacar el apoyo a su decreto?”, se alcanzó a escuchar.

Y es que hasta los regidores de Morena, en silencio y con la cabeza agachada, esperaban que “le dieran palo” a la propuesta de reforma. No porque les importara mucho el perfil del titular del Orfis, sino porque son los más resentidos con la alcaldesa que, a pesar de ser de su mismo partido, los ignora en cada decisión que se toma. Sus acuerdos son con los directores de área y a los regidores sólo los utiliza para que levanten la mano en las sesiones de Cabildo.

Hay en el ayuntamiento de Xalapa una verdadera crisis de gobernabilidad. La alcaldesa se cree poseedora del “bastón supremo” y asume que todos deben acatar sus órdenes.

Ya transcurrió la primera mitad de su primer año. A estas alturas ya debió haber entendido lo que significa “gobierno colegiado”.

* * *

Epílogo.

Excelente noticia, la eliminación de la deuda bursátil de 199 ayuntamiento. Es, sin duda, un importante logro de la administración estatal. Sólo que habría que hacer algunas precisiones. *** La gobernadora Rocío Nahle, o su secretario de Finanzas, tendrán que explicar de dónde salió el recurso para pagar esa deuda. Tendrán que explicar en qué parte del presupuesto de egresos aprobado por el Congreso local para el presente año, está contemplada la aplicación de recursos para ese rubro. *** Rocío Nahle tiene que entender que ella sólo es “la encargada del changarro”, que para disponer de cada peso que entra a las arcas estatales, tiene que elaborar un presupuesto y éste debe ser aprobado por los diputados locales. Ella no tiene autorizado disponer de los fondos públicos para fines distintos a lo que se contempló en el decreto aprobado por el Poder Legislativo. *** Estamos hablando de más de 1,500 millones de pesos… ¿a cambio de qué?

[email protected]

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de www.politicaaldia.com