Precisamente sobre ese universo se extiende la revisión ordenada desde la Secretaría de Gobierno, misma que ha confirmado este lunes la propia Gobernadora Rocío Nahle García durante su conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.
Ahued anunció desde febrero inspecciones, revisión de libros y procedimientos notariales, advirtiendo que las irregularidades podrían desembocar en sanciones, suspensiones e incluso revocación de patentes. También se informó entonces que una patente había sido retirada por faltas graves.
Y ahí radica la trascendencia del asunto.
Una notaría no es un negocio cualquiera. El Estado delega en el notario la fe pública. Cuando un fedatario certifica una compraventa, un poder, una sucesión testamentaria o una escritura, el ciudadano parte del principio de que aquello que lleva su sello posee certeza jurídica.
¿Qué sucede cuando esa confianza se corrompe?
El daño resulta devastador.
Las denuncias acumuladas describen presuntos esquemas en los que aparecen escrituras, poderes notariales, procedimientos sucesorios y documentos cuya autenticidad o legalidad es cuestionada por quienes aseguran haber perdido casas, terrenos y propiedades. Algunas víctimas han señalado un posible entramado de abogados, notarios, servidores del Registro Público e incluso integrantes del Poder Judicial. Son acusaciones que deberán probarse individualmente, pero cuya recurrencia impide tratarlas como simples coincidencias.
Más aún: en julio, afectados se manifestaron públicamente en Xalapa exigiendo resultados y restitución de sus bienes. Un reporte periodístico consignó que, de 120 casos reconocidos por Ahued, hasta entonces solamente un inmueble habría sido recuperado.
Ese dato marca la diferencia entre investigar y resolver.
Porque revisar 200 notarías suena contundente, pero el éxito no podrá medirse por expedientes inspeccionados, sino por responsabilidades acreditadas, sanciones, patentes suspendidas o revocadas cuando proceda, denuncias penales y, fundamentalmente, patrimonio restituido a quienes legalmente demuestren haber sido despojados.
Veracruz conoce antecedentes que deberían servir como advertencia. El caso del fallecido notario porteño Pablo Manuel Pérez Kuri, titular en su momento de la Notaría 7 de Veracruz, permanece asociado a polémicas que alcanzaron incluso al propio gremio. En 2013, el Colegio de Notarios alertó oficialmente sobre una escritura supuestamente otorgada ante su fe que calificó como presuntamente falsa. Ese antecedente documentado obliga a evitar afirmaciones no acreditadas sobre propiedades o responsabilidades concretas, pero demuestra que las alertas sobre instrumentos notariales presuntamente apócrifos no nacieron ayer.
El problema de fondo, por tanto, rebasa nombres.
Si el denominado Cártel Inmobiliario pudo operar durante años, habría necesitado algo más que falsificadores. Una propiedad no cambia jurídicamente de dueño sólo porque alguien imprima papeles. Existen notarías, Registro Público, expedientes, sellos, firmas, jueces y procedimientos. Cuando varios filtros fallan simultáneamente, la pregunta inevitable es si estamos ante negligencia o ante complicidad.
Ahued ha utilizado una expresión fuerte: “caiga quien caiga”, y ha advertido que quienes pretendan defraudar mediante estas redes “se van a topar con pared”.
Ahora toca convertir esas palabras en expedientes concluidos.
Porque recuperar la confianza en el notariado veracruzano también exige proteger a los fedatarios que trabajan correctamente. No todos pueden ser colocados bajo sospecha por las conductas de algunos.
Pero tampoco puede existir protección corporativa.
La revisión de las notarías debe llegar hasta las últimas consecuencias. Si existen fedatarios que utilizaron la fe pública para legitimar despojos, no basta suspenderlos: deben responder administrativa, civil y penalmente.
Porque cuando se falsifica una escritura se falsifica un documento; pero cuando desde las instituciones se permite arrebatarle a una familia la casa construida durante toda una vida, lo que termina falsificándose es algo mucho más grave: el Estado de Derecho.
Al tiempo.
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