Los datos retomados de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) son inquietantes. Entre 2017 y 2023, los señalamientos contra adolescentes por delitos relacionados con la delincuencia organizada pasaron de 56 a 265 casos. Tan solo en 2023, entre 15 y 27 adolescentes privados de la libertad en Veracruz podrían haber sido víctimas de reclutamiento criminal.
La precisión resulta indispensable: no todos los menores desaparecidos fueron reclutados ni todo adolescente procesado por algún delito perteneció necesariamente a un cártel. México carece todavía de registros oficiales suficientes y de una tipificación específica que permita dimensionar el fenómeno. Sin embargo, esa ausencia de información no reduce la gravedad del problema; por el contrario, exhibe otra omisión institucional.
El gobierno de Cuitláhuac García presumió reiteradamente la reducción de diversos indicadores delictivos, pero no logró construir una política especializada, medible y suficientemente visible contra el reclutamiento infantil. La administración anterior pareció observar a los adolescentes involucrados en delitos solamente como infractores, cuando muchos pudieron haber sido previamente víctimas de engaños, amenazas, secuestros, abandono o necesidad económica.
El contraste con la administración de Rocío Nahle García aparece en el énfasis colocado desde su arranque en la prevención y en la atención de las causas. La actual estrategia no se limita al despliegue policial: busca intervenir en escuelas, comunidades y familias antes de que las organizaciones delictivas encuentren terreno fértil.
La Estrategia Estatal de Seguridad Pública desarrolla acciones preventivas en 39 municipios mediante intervenciones escolares, fortalecimiento emocional, habilidades sociales y promoción de estilos de vida saludables. A ello se agregan el Programa de Atención Integral de Prevención Escolar, las Redes Ciudadanas de Seguridad y Paz, las campañas contra las adicciones y la incorporación de Veracruz a los esquemas de protección promovidos por SIPINNA.
También cuentan las becas Concepción Quirós Pérez, los estímulos educativos de la SEV, los desayunos escolares, la atención a la primera infancia y los apoyos dirigidos a las familias. La educación, el deporte, la alimentación y el acompañamiento comunitario no son políticas aisladas: representan barreras de protección frente a quienes ofrecen dinero fácil, pertenencia, armas o una falsa salida de la pobreza.
Pero sería prematuro declarar resuelto el problema. Los programas deben traducirse en indicadores verificables: menores localizados, deserción escolar reducida, redes de reclutamiento desarticuladas, víctimas protegidas y responsables sentenciados.
Rocío Nahle ha comenzado a atender las causas que durante años fueron minimizadas. Ahora debe dar el siguiente paso: reconocer expresamente el reclutamiento infantil como una prioridad de seguridad y derechos humanos, crear un registro estatal y establecer protocolos especializados. Porque rescatar a la niñez del crimen no admite propaganda ni simulaciones: exige prevenir, investigar y devolver con vida a quienes fueron arrancados de sus hogares.
Al tiempo.
[email protected]
“X” antes Twitter: @LuisBaqueiro_mx
Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de www.politicaaldia.com |
