De acuerdo con los resultados correspondientes al segundo trimestre de 2026, el 98.1 por ciento de la Población Económicamente Activa de Veracruz se encuentra ocupada y la tasa de desocupación se ubicó en apenas 1.9 por ciento, por debajo del 2.7 por ciento nacional.
Esto coloca a Veracruz entre las diez entidades con menor desempleo, concretamente en el octavo lugar nacional. Además, alrededor de 3.4 millones de veracruzanos se encuentran ocupados, dimensión que convierte al estado en uno de los mercados laborales más grandes del país.
No se trata de un indicador aislado. La ENOE es precisamente el instrumento del INEGI que mide ocupación, desocupación, subocupación, informalidad y distintas características del mercado laboral.
Existe, sin embargo, otro dato que merece especial atención: la Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación disminuyó de 44.3 a 40.9 por ciento respecto al trimestre anterior, una reducción de 3.4 puntos porcentuales.
¿Significa esto que Veracruz resolvió sus problemas laborales? Por supuesto que no.
El reto sigue siendo gigantesco: no basta tener empleo; se necesitan mejores salarios, seguridad social, estabilidad, productividad y formalidad. Precisamente ahí debe concentrarse la siguiente etapa de la política económica estatal. Pero tampoco sería intelectualmente honesto desconocer que reducir el desempleo y mejorar indicadores de condiciones laborales representa una señal favorable.
El secretario del Trabajo, Luis Arturo Santiago Martínez, atribuyó estos resultados al comportamiento del mercado laboral y a las acciones de vinculación, capacitación, movilidad y orientación emprendidas por la administración de Rocío Nahle García.
Y aquí aparece inevitablemente el contraste político.
Mientras el gobierno estatal intenta reposicionar a Veracruz como destino para la inversión extranjera directa, inversión nacional, turismo, infraestructura e industria, buena parte de la oposición parece empeñada en una estrategia distinta: desacreditar prácticamente cualquier resultado favorable.
Ese es quizá su mayor error.
Porque una oposición inteligente cuestionaría dónde están los empleos mejor pagados, cuánto falta para reducir la informalidad, qué regiones permanecen rezagadas y cómo transformar ocupación en bienestar. Pero cuando la respuesta automática frente a cualquier indicador favorable es descalificarlo, el discurso termina perdiendo credibilidad.
También resulta evidente la incomodidad política que genera Rocío Nahle: una mujer gobernando Veracruz y buscando romper inercias acumuladas durante administraciones encabezadas mayoritariamente por hombres.
Sus adversarios tienen derecho a cuestionarla, fiscalizarla y señalar sus errores. Eso es democracia. Lo que resulta menos convincente es convertir cada acción gubernamental en catástrofe mientras se ignoran deliberadamente aquellos indicadores que muestran avances.
Y todavía más paradójico resulta observar a personajes que, después de haber formado parte durante décadas del sistema político veracruzano, pretenden presentarse nuevamente como alternativa e incluso alimentar aspiraciones de gobernar el estado por segunda o hasta tercera ocasión.
El PRIAN tiene derecho a querer regresar. Lo que no puede exigir es que Veracruz olvide.
Porque frente al discurso están los datos. Frente a la nostalgia por recuperar espacios de poder están los resultados que deberán consolidarse.
La administración de Nahle todavía tiene mucho que demostrar. Pero si empleo, inversión y mejores condiciones laborales mantienen una tendencia favorable, la oposición enfrentará un problema mayor que cualquier estrategia electoral: tendrá que explicar por qué insiste en afirmar que Veracruz está peor cuando las cifras comienzan a contar otra historia.
Al tiempo.
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