Después llegó la batalla inmobiliaria.
El 2 de abril de 2024, apenas iniciada la campaña, José Francisco Yunes Zorrilla, candidato de PRI-PAN-PRD, presentó ante la FGR una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, vinculando a Nahle con inmuebles cuyo valor calculaba en más de 60 millones de pesos.
Días después, el empresario Arturo Castagné Couturier presentó otra denuncia ante la FGR y anunció nuevas revelaciones sobre supuestas propiedades. Nahle respondió calificando los señalamientos como una campaña de difamación y anunció acciones por daño moral.
La acusación política encontró entonces una formidable caja de resonancia mediática.
El 27 de abril de ese mismo año, Salvador García Soto publicó en El Universal “Un escándalo llamado Rocío Nahle”, retomando cuestionamientos sobre propiedades atribuidas a la candidata y su familia. Mario Maldonado insistiría dos días después en que Nahle se encontraba en “crisis” y sostuvo que las encuestas se habían cerrado.
Pero las urnas terminaron contando una historia distinta.
Lo relevante es que el golpeteo no concluyó con la elección. Ya como gobernadora, Maldonado volvió sobre Nahle con textos como “El karma de Rocío Nahle”, de junio de 2025, donde mezcló Dos Bocas, huachicol y referencias a un supuesto seguimiento de autoridades estadounidenses a contratistas y políticos relacionados con corrupción. En octubre de ese año publicó “Rocío Nahle: crónica de un desastre”, trasladando la confrontación al desempeño de su administración.
Y aquí aparece el verdadero problema.
La libertad de expresión protege la crítica más severa contra cualquier gobernante. Nahle, como Claudia Sheinbaum o cualquier servidor público, debe estar sometida al escrutinio periodístico. Pero investigar no es insinuar; documentar no es insultar y citar una misteriosa “fuente de inteligencia” no convierte automáticamente una versión en verdad.
Cuando el periodismo sustituye documentos, expedientes, resoluciones y fuentes identificables por adjetivos, rumores o afirmaciones imposibles de verificar, abandona progresivamente su función fiscalizadora para entrar al terreno del combate político.
También sería irresponsable afirmar, sin pruebas, que cada periodista crítico está contratado por PRI, PAN o algún grupo extranjero. Pero tampoco puede ignorarse que durante la campaña de 2024 las acusaciones patrimoniales contra Nahle fueron utilizadas formalmente por la coalición opositora: su propio candidato llevó esos señalamientos ante la FGR.
Ahí está la frontera que debe discutirse.
Criticar a una gobernadora es legítimo. Investigar su patrimonio, contratos o decisiones también. Incluso exhibir errores constituye una obligación periodística.
Lo que resulta cuestionable es convertir la columna en tribunal, la versión anónima en sentencia y el insulto en argumento.
Porque cuando la crítica carece de pruebas y sobra descalificación, el periodismo deja de incomodar al poder para convertirse en otra cosa: propaganda disfrazada de información.
Al tiempo.
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