La urgencia de cerrar esos espacios de impunidad quedó expuesta en otro punto de la región. En Esperanza, Puebla, sobre la ruta hacia Veracruz, la Operación Enjambre llevó a la detención de nueve personas, entre ellas el presidente municipal Isaac Rodríguez Ochoa, la exdirectora de Seguridad Pública municipal y un hermano del alcalde. Las autoridades poblanas vincularon presuntamente a la estructura investigada con robo de autotransporte, extorsión y secuestro. También reportaron el aseguramiento de armas, vehículos y equipo para inhibir señales. La cifra oficial difundida sobre ese operativo fue de nueve detenidos; así como una treintena de propiedades cateadas.
El caso obliga a mirar más allá de las patrullas. Si una autoridad municipal presuntamente participa en una red que opera sobre una vía estratégica, los delincuentes pueden contar con protección, información y tiempo. La coordinación entre estados debe servir también para detectar a quienes, desde una posición pública, facilitan los atracos.
El video compartido sobre este asunto plantea una acusación todavía más delicada: la posible participación de personal de casetas en la transmisión, mediante teléfonos o radios, de datos sobre unidades y mercancías a grupos dedicados al robo. Esa presunta infiltración en CAPUFE requiere una investigación y una respuesta oficiales; no puede darse por acreditada únicamente a partir del material difundido. Pero sería irresponsable ignorar la línea de investigación. Hay que establecer si existieron avisos, quién tuvo acceso a la información, cómo circuló y si coinciden los registros de paso con los atracos denunciados.
Ahí se encuentra la prueba más exigente para cualquier estrategia carretera. Una cámara puede seguir a un camión y un operativo puede acudir al punto señalado; ninguno bastará si alguien con acceso a la operación avisa primero a los asaltantes. La revisión debe alcanzar comunicaciones, controles internos y posibles redes de protección, con pruebas que permitan fincar responsabilidades sin convertir las sospechas en condenas anticipadas.
Debe reconocerse a la gobernadora Rocío Nahle García el impulso a la coordinación con Tlaxcala. Es una decisión necesaria para enfrentar delitos que se mueven entre jurisdicciones. También corresponde exigir resultados medibles: tiempos de respuesta, investigaciones compartidas, recuperación de unidades y mercancías, y denuncias que concluyan en sentencias.
La mesa interestatal puede ser el comienzo de una vigilancia más eficaz. Esperanza deja una advertencia sobre su alcance: para proteger a quienes transitan y trabajan en las carreteras, el Estado necesita vigilar sus límites y esclarecer lo que ocurre dentro de sus propias instituciones.
Al tiempo.
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