También destaca la construcción del nuevo Modelo Educativo: Formación de Excelencia, cuya consulta involucró a mil 403 académicos, 213 estudiantes y 272 integrantes de la comunidad universitaria en las cinco regiones. A ello se agregan 38 programas con reconocimiento internacional y mil 144 integrantes del personal académico adscritos al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores.
En materia de infraestructura, fueron reprogramados más de 202 millones de pesos para la creación, rehabilitación y mejoramiento de espacios. Entre las obras aparecen la USBI Minatitlán, el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías, la recuperación del antiguo penal de Allende para la Unidad de Artes y la primera etapa del edificio de Enfermería en Poza Rica.
Pero quizá el rostro más importante del informe está en las políticas de inclusión: 793 lugares reservados para personas pertenecientes a grupos vulnerables, mil 119 exenciones del pago del examen de ingreso y cinco nuevos comedores universitarios, para alcanzar 13 espacios que benefician a 12 mil 300 estudiantes. Es ahí donde la autonomía deja de ser discurso y se convierte en responsabilidad social.
Estos resultados deben observarse en el contexto de la embestida que enfrentó Aguilar Sánchez durante su reelección. Se pretendió instalar la versión de que, por su edad, estaba jurídicamente impedido para continuar al frente de la Rectoría. Sin embargo, el debate no puede reducirse a interpretaciones interesadas: Aguilar ejerció un derecho reconocido dentro del marco normativo universitario y fue ratificado por la Junta de Gobierno.
Detrás de aquella disputa también se asomaron los grupos que durante décadas consideraron a la UV patrimonio de una élite. El arribo de un rector no vinculado con las estructuras tradicionales trastocó el monopolio que priistas y panistas habían construido alrededor de la máxima casa de estudios.
Los nombres de Víctor Arredondo, Raúl Arias Lovillo y Sara Ladrón de Guevara forman parte de esa historia reciente. En los casos de Arias Lovillo y Ladrón de Guevara, sus posteriores candidaturas partidistas —a la alcaldía de Xalapa y al Senado, respectivamente— terminaron por exhibir que la política nunca estuvo demasiado lejos de la vida universitaria. Por ello, cualquier operación atribuida a esos grupos debe analizarse y documentarse, pero tampoco puede ignorarse el interés por recuperar espacios de influencia.
Que Martín Aguilar no milite ni practique política de baja estofa es saludable. No significa otorgarle un cheque en blanco: quedan pendientes en infraestructura, cobertura, transparencia y atención a facultades con carencias. Significa reconocer que la autonomía también consiste en impedir que la UV vuelva a convertirse en agencia de colocación, trampolín electoral o feudo de camarillas.
El informe ofrece cifras; el contexto explica las resistencias. La mejor defensa de Aguilar no será una confrontación con sus adversarios, sino continuar entregando resultados y preservar a la Universidad Veracruzana de quienes todavía sueñan con recuperar el viejo monopolio del poder universitario.
Al tiempo.
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