UNO DE LOS HALLAZGOS MÁS delicados es que algunos teléfonos de los estudiantes continuaron registrando actividad después de su desaparición. La FGR documentó actividad posterior en equipos pertenecientes a Jorge Antonio Tizapa Legideño, Jorge Aníbal Cruz Mendoza e Israel Caballero Sánchez, utilizados por policías o personas vinculadas con servidores públicos de Iguala. Eso no resuelve por sí solo el destino de los jóvenes, pero abre una ruta sobre qué ocurrió con esos equipos y quién los utilizó.
OTRA LÍNEA QUE COBRA especial relevancia es la relacionada con la funeraria El Ángel, donde fueron localizados restos óseos, documentación, un arma y un horno señalado como clandestino. En instalaciones vinculadas al Servicio Médico Forense se encontraron restos sin registro, expedientes duplicados, piezas dentales y restos calcinados, acumulando 23 indicios hasta junio de 2026. La FGR investiga si forman parte de una red para ocultar evidencias.
Detenciones en la cadena de mando y la incógnita del sexenio pasado
EL NUEVO IMPULSO AL CASO alcanza a funcionarios señalados por posible ocultamiento de pruebas. El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, fue detenido en agosto de 2026 y quedó sujeto a proceso por la posible desaparición de grabaciones del Palacio de Justicia de Iguala. Este procedimiento sigue al de Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, detenida en mayo de 2025 por hechos similares.
¿Y PEÑA NIETO? AQUÍ ESTÁ una de las preguntas clave. La posibilidad de que el expresidente sea llamado a declarar dependerá de que las investigaciones arrojen elementos jurídicos suficientes conforme avance el análisis de las comunicaciones y las cadenas de mando. Los familiares de los normalistas ya han planteado públicamente que el expresidente y otros exfuncionarios deben ser citados. El caso Ayotzinapa sigue abierto.
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