El próximo año Veracruz renovará las 50 diputaciones del Congreso local y, paralelamente, el organismo deberá desarrollar tareas preparatorias del proceso electoral de personas juzgadoras. Para la elección legislativa será necesario instalar 30 consejos distritales, incorporar 240 funcionarios en dichos órganos y contratar a más de 990 personas como personal operativo, auxiliar y capturista. Además, en coordinación con el INE, se contempla la instalación de más de 10 mil 900 casillas, la participación de 3 mil 200 figuras de asistencia electoral local y la impresión de más de seis millones de boletas.
Es ahí donde las cifras adquieren otra dimensión.
Porque existe además un dato que deberá acompañar cualquier discusión pública: aproximadamente 70 por ciento de los recursos solicitados se relaciona con el financiamiento de los partidos políticos y los gastos vinculados con los procesos electorales, mientras alrededor del 30 por ciento corresponde a la operatividad institucional. Las prerrogativas partidistas representan específicamente 371 millones 79 mil 702 pesos.
Por ello, reducir la discusión a señalar que “el OPLE quiere mil 399 millones” resultaría simplista.
La austeridad es necesaria, particularmente cuando se administran recursos públicos. Pero austeridad no puede convertirse en precariedad institucional. El propio organismo ha presentado como evidencia reducciones respecto de 2021: 33.48 por ciento en debates, 14.93 por ciento en el PREP y 28 por ciento en monitoreo de medios, incluso considerando inflación e incrementos acumulados.
Hay antecedentes que tampoco deberían ignorarse.
Para 2025, el OPLE solicitó originalmente mil 564 millones 214 mil 835 pesos y finalmente el Congreso autorizó mil 400 millones, una diferencia superior a 164 millones que obligó posteriormente a redistribuir el gasto.
Ahora la historia vuelve al Congreso.
Los diputados tienen plena facultad para revisar, cuestionar y eventualmente modificar el proyecto. Esa es precisamente su responsabilidad constitucional. Pero también deberán dimensionar las consecuencias operativas de cualquier ajuste.
Porque una elección no puede improvisarse.
El PREP, las boletas, los consejos distritales, la capacitación, los sistemas informáticos, los debates, el monitoreo, la logística electoral, el traslado y resguardo de paquetes y la contratación temporal de miles de personas no aparecen mágicamente la mañana de la jornada electoral.
Detrás de cada voto existe una enorme maquinaria institucional.
Y ahí aparece también el desafío de Marisol Alicia Delgadillo Morales, consejera presidenta del OPLE Veracruz. Sobre ella y el resto del Consejo General recaerá la responsabilidad de conducir una institución sometida simultáneamente a exigencias presupuestales, escrutinio político y obligaciones legales. El organismo tendrá que demostrar que cada peso solicitado tiene justificación y que cada peso autorizado será ejercido con transparencia.
Pero el Congreso deberá hacer su parte.
No se trata de entregar un cheque en blanco al OPLE, pero tampoco de convertir el presupuesto electoral en terreno para enviar mensajes políticos.
El proyecto debe revisarse partida por partida, exigir economías donde sean posibles y garantizar recursos donde sean indispensables.
Porque ahorrar es una obligación.
Poner en riesgo la organización electoral sería otra cosa.
Y cuando está en juego la certeza del voto de millones de veracruzanos, la diferencia entre ambas decisiones puede terminar siendo la diferencia entre una elección cuestionada y una democracia que funciona.
Al tiempo.
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