El propósito merece reconocimiento. México necesita aprovechar la tecnología para reducir costos, transparentar operaciones y facilitar la actividad económica. Una mayor trazabilidad podría ayudar a identificar ingresos ocultos, combatir la evasión y ampliar la base contribuyente. Quienes lucran mediante cadenas comerciales ilegales encontrarían mayores dificultades para esconder operaciones, siempre que existan fiscalización y coordinación institucional.
Sin embargo, ninguna aplicación sustituye al Estado. Registrar una transferencia no acredita automáticamente el origen lícito del dinero, tampoco convierte por sí mismo al comerciante informal en contribuyente cumplido. Digitalizar puede aportar herramientas; recaudar mejor exige reglas comprensibles, incentivos para formalizarse y autoridades capaces de investigar.
El contraste aparece cuando imaginamos a una artesana indígena intentando contratar servicios financieros, acreditar su identidad o cobrar mediante códigos digitales. Si enfrenta barreras lingüísticas, conectividad deficiente o ingresos insuficientes para adquirir un dispositivo, la modernización podría convertirse en un costo adicional para trabajar y vender.
El posible choque cultural no deriva de una incapacidad de nuestras comunidades para aprender. Surge cuando las instituciones diseñan procedimientos sin considerar lenguas, prácticas comerciales y condiciones materiales distintas. México no alcanzará estándares de países desarrollados trasladando al ciudadano responsabilidades que corresponden al gobierno y al sistema financiero.
Hay además una diferencia indispensable: pobreza, informalidad y delincuencia no son sinónimos. El vendedor que sobrevive cobrando efectivo no merece el mismo tratamiento que quien evade impuestos, comercializa mercancía ilícita o lava recursos. Confundirlos produciría injusticia y debilitaría la legitimidad de cualquier estrategia recaudatoria.
El dictamen contempla que Hacienda determine sectores donde los pagos digitales sean exclusivos, con una transición gradual y excepciones por contingencia. Esa facultad demanda criterios públicos, evaluación territorial y alternativas accesibles. Las comisiones bancarias, el fraude y la protección de datos deben formar parte del debate.
La oportunidad existe: incorporar contribuyentes, cerrar espacios a negocios ilegales y mejorar servicios. Pero requiere inversión, capacitación en lenguas indígenas y acompañamiento presencial.
El éxito deberá medirse por cuántas personas participan con seguridad y obtienen beneficios. La modernidad será legítima cuando permita cobrar, comerciar y cumplir obligaciones sin que la pobreza se convierta en una barrera impuesta por el propio Estado.
Al tiempo.
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