Los bloqueos afectan a terceros, interrumpen actividades y generan pérdidas. Pero reducir la discusión al congestionamiento sería una cómoda evasión. Antes de preguntar por qué protesta un transportista, habría que responder por qué sigue arriesgando la vida al cumplir su jornada.
También debemos leer correctamente las estadísticas. La disminución difundida por las autoridades veracruzanas corresponde al homicidio doloso, no al culposo. El reporte estatal, sustentado en cifras del Secretariado Ejecutivo, señala una reducción de 14.1% en el promedio diario al comparar enero-agosto de 2026 con el mismo periodo anterior. Es un avance que merece reconocimiento, pero que no permite concluir que todos los delitos o todos los corredores estén bajo control.
Una entidad puede reducir asesinatos y conservar tramos peligrosos para el transporte. El promedio estatal y la experiencia de un conductor responden a escalas distintas. Para quien enfrenta un arma en la ventanilla, la seguridad se mide en poder llegar, descargar y volver a casa.
En ese terreno, los convenios interestatales impulsados por Rocío Nahle García constituyen una decisión pertinente y necesaria. Los acuerdos con Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y, recientemente, Tlaxcala buscan ampliar la coordinación policial y ministerial. La delincuencia cruza fronteras estatales; resulta indispensable que la investigación y la respuesta operativa también puedan hacerlo.
Ahora corresponde convertir esas firmas en protección verificable: tiempos de respuesta, patrullaje en horarios críticos, investigaciones compartidas y reducción sostenida de atracos. El convenio adquiere valor cuando modifica lo que sucede en la carretera.
El caso de Esperanza, Puebla, muestra la profundidad del problema. El 7 de septiembre, Omar García Harfuch informó de nueve detenciones durante el Operativo Enjambre, entre ellas la del alcalde Isaac “N” y la exdirectora de Seguridad Pública municipal. Según la investigación anunciada, estarían vinculados con una estructura dedicada al robo de autotransporte, extorsión y secuestro en la carretera Puebla–Veracruz. Son imputaciones que deben acreditarse judicialmente, pero su gravedad obliga a investigar toda la cadena de protección.
A ello se suma la información periodística sobre una trabajadora de CAPUFE detenida por su presunta relación con esa red. El caso exige revisar accesos a información, controles internos y posibles filtraciones en las plazas de cobro. No autoriza a criminalizar a toda una plantilla ni a extender automáticamente la acusación a las concesionarias; sí obliga a investigar cada señalamiento sustentado.
La referencia histórica a los rurales resulta sugerente, con una precisión: aquella institución nació durante el gobierno de Benito Juárez y fue fortalecida bajo Porfirio Díaz. Su misión contra el bandidaje recuerda que proteger los caminos es una responsabilidad elemental del Estado. Su trayectoria represiva también impide idealizarla. Recuperemos la obligación de garantizar el tránsito, con los controles legales y la capacidad tecnológica del presente.
Si el diagnóstico operativo lo requiere, deben organizarse convoyes protegidos por la Guardia Nacional, con apoyo del Ejército conforme a sus atribuciones, comunicación permanente y auxilio inmediato. Paralelamente, hay que perseguir a quienes almacenan, compran y comercializan la mercancía robada. Escoltar camiones mientras permanece intacto el negocio criminal ofrecería apenas una protección provisional.
En los siglos XVI y XVII, piratas y bucaneros acechaban las rutas comerciales. En pleno siglo XXI, México no puede resignarse a una versión terrestre de aquella depredación.
Pagar una caseta y seguir expuesto al despojo es una contradicción intolerable. Los transportistas necesitan justicia por sus muertos y garantías para los vivos. La próxima mesa de diálogo deberá producir algo más valioso que otra minuta: caminos donde trabajar deje de ser una hazaña.
Al tiempo.
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