La llegada provisional de Blanca Cruz García abre una etapa de transición. La consejera ha planteado revisar contrataciones y nombramientos, privilegiar las decisiones colegiadas y entregar información a las instancias fiscalizadoras.
Es un primer paso institucional. Pero el desafío es mayor que sustituir a una presidenta.
El INE necesita garantizar que sus decisiones sean transparentes, que sus procedimientos resistan el escrutinio público, y que cualquier irregularidad se investigue sin excepciones. También debe mantener la continuidad de los trabajos electorales, porque la revisión de su administración no puede convertirse en una excusa para descuidar sus responsabilidades. Esto es fundamental.
La Cámara de Diputados tendrá, además, la tarea de designar a quien ocupe la presidencia por el periodo restante. Ese procedimiento deberá evitar que la elección de la nueva titular se convierta en una disputa que debilite más la confianza pública.
La autonomía electoral no significa ausencia de vigilancia. Significa que el instituto debe poder actuar con independencia, y al mismo tiempo, rendir cuentas sobre el uso de los recursos que recibe.
La salida de una persona no resuelve, por sí sola, los problemas de una institución. Lo que importa ahora es qué se investiga, qué se corrige y qué responsabilidades se acreditan.
Porque el INE puede cambiar de presidenta en cuestión de días.
Recuperar la confianza en el árbitro electoral es una tarea mucho más larga.
Veremos qué ocurre, y si de verdad ocurre.
X: @aaguirre_g
Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de www.politicaaldia.com |
