La urgencia que hizo el CEN del PRI a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, de una buena vez, resuelva la inconstitucionalidad en los paquetes de impunidad de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, es justamente lo único que resta para aplicarles el Sistema Nacional Anticorrupción. 

Al PRI le precisa recuperar terreno perdido en el descontento ciudadano después de lo ocurrido el pasado 5 de junio. La capitalización del odio contra gobernadores presuntamente corruptos fue, a la postre, aquello que en gran medida sentenció los resultados en varios estados, de ahí la necesidad tricolor de echar a andar la maquinaria pesada.

Justamente al respecto, esto escribí en mi columna el jueves pasado:

"La Federación no permitirá que su nuevo Sistema Nacional Anticorrupción se debilite ante los ojos ciudadanos. Es la última oportunidad para recuperar terreno electoral frente a López Obrador y el PAN hacia el 2018. Después del costo político que produjeron para el PRI las Reformas estructurales, en especial, la Educativa, los tricolores requieren anotarse un fuerte golpe, y ahí, no hay otra opción, deberán entregar <nombres de peso> cobijados en la reciente promulgación de su ambicioso <hijo>".

La celeridad que imprima la Suprema Corte para resolver si los gobernadores de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, junto con sus Congresos, fueron inconstitucionales en sus paquetes de impunidad, tal como lo señalaron la PGR y la Presidencia de la República, será fundamental para el PRI y sus acciones posteriores. 

El tricolor anunció que no tomará medida alguna contra Javier y César Duarte, además de Roberto Borge, hasta no se compruebe que verdaderamente incurrieron en algún delito. La petición del Consejero Armando Barajas Ruiz, hace algunos días, para expulsar del PRI al trío de gobernadores señalados  sigue rebotando en el Comité Ejecutivo Nacional; decidirán ponerla o no a caminar apenas falle la SCJN.

En ese tenor, esto escribí en mi columna anterior: 

"No hay de otra, las armas apuntan a Veracruz y Quintana Roo. Las inercias mediática y política, así como el clamor ciudadano nacional, <empujan> al Presidente a probar su Anticorrupción con las administraciones de los quizá, dos enemigos públicos predilectos de México en la actualidad: Javier Duarte y Roberto Borge". 

En Veracruz lo que sobran son versiones de ataque y defensa. Tanto los que se cubren como los que acusan perdieron toda confiabilidad en la mente de los ciudadanos. Se requieren árbitros externos para poner orden y reprendan a quienes deban ser castigados. Aquí ya, lamentablemente, pocos creen en instituciones o voces locales. Se necesitan "manotazos" de autoridad que no sean de esta tierra, así de grave está la situación.