Luis Ángel Bravo Contreras ejerce una constante violencia en contra de los integrantes de los colectivos. Alude a los hallazgos insensiblemente y sin ningún respeto ni para el dolor de los familiares que buscan incansablemente a sus seres queridos. Tampoco muestra respeto para las personas que yacen en dichas cementerios clandestinos a causa de la corrupción inminente de “su gobernador” y de su “amigo”, Arturo Bermúdez Zurita.
Su cese, no llena ni mínimamente el detrimento, luego de que existen muchos señalamientos en su contra y de los elementos a su cargo quienes incesantemente están siendo acusados y señalados, de ser quienes llevan a cabo los levantones de ciudadanos. Utilizando la placa de la SSP para argumentar una supuesta orden de aprehensión sin acreditar con el papel su dicho. Una violenta ejecución del abuso de poder, en donde todo aludía, que los policías tenían que cubrir una “cuota” para su jefe.
Tampoco Luis Ángel Bravo ha perseguido el tema que representó la renuncia de Arturo Bermúdez Zurita; el enriquecimiento ilícito al que fue señalado en una investigación del portal Aristegui Noticias, donde lo acusaban de amasar una fortuna a través de residencias en el estado de Texas conformadas en cinco propiedades que oscilaban en los 2.5 millones de dólares.
Supuestamente a las 11:00 horas del día de hoy, Arturo Bermúdez Zurita fue atraído por la FGE para que rindiera declaración sobre los señalamientos públicos en su contra con relación al conflicto de intereses de tener empresas que brindan el servicio de seguridad y su enriquecimiento ilícito. Abonaría en mucho que el titular de la FGE también le tomara declaración sobre las acusaciones directas que los familiares de desaparecidos han hecho, al atribuirle su participación activa cuando estuvo al mando de la SSP –aunque muchos dicen que aún continúa ordenando a través de su incondicional José Nabor Nava- sobre los levantones de personas que se están realizando en diversos municipios del estado; que hasta el día de hoy, no aparecen o aparecieron días o meses después de su secuestro, asesinados o desmembrados con la saña característica de unos criminales.
Un ejemplo a recordar es el caso de los cinco jóvenes de Tierra Blanca que fueron interceptados y desaparecidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en dicho municipio, cuando estos regresaban a Playa Vicente, luego de haber permanecido el fin de semana en el puerto de Veracruz. A sus padres, tanto las autoridades federales como las estatales, solo lograron devolverle los fragmentos de huesos de uno sólo de los cinco jóvenes y el resto, siguen actualmente sin aparecer.
El 15 de junio del 2016, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Ciprián, dio por terminada la búsqueda de los cinco jóvenes y en su declaración ante los medios de comunicación tanto local como nacional, expresó que la Policía Científica sólo habían logrado identificar los restos del Bernardo Benítez de tres mil fragmentos de fragmentos humanos que fueron localizados en el rancho El Limón ubicado en el municipio de Tlalixcoyan.
Sobre este hecho, Luis Ángel Bravo Contreras, nada hizo en contra del aquel entonces titular de la SSP, quien simplemente se concentró en negar su vinculación y sobre que desconocía las actividades delictivas de sus policías y su comandante. Su palabra fue suficiente para el fiscal, que sólo se centró en detener a los policías que participaron en el secuestro de los cinco jóvenes. A quienes protegió, para que no se les tocara ni con el pétalo de una flor, argumentando que se violentaría el debido proceso de estos, si se le presionaba para que dijeran sobre el paradero de los jóvenes.
A José Benítez de la O, Bernardo Benítez Arróniz, Alfredo González Díaz, Mario Arturo Orozco Sánchez y Susana Tapia Garibo, quienes fueron secuestrados por los policías y supuestamente entregados a un grupo delincuencial, fueron finalmente no tan sólo asesinados, sino que los pulverizaron con la idea de que sus padres jamás los lograran a tener completos. Con la saña y perversidad de mentes realmente dañadas y enfermas.
Actualmente el Colectivo Solecito abona sobre el hallazgo de 28 fosas individuales y colectivas en un predio de Colinas de Santa Fe, ubicado al norte del municipio de Veracruz, administrado por Ramón Poo Gil, hijo de Gerardo Poo Ulibarri, encarcelado en 1996 junto con Dante Delgado Rannauro, acusados de abuso de autoridad, incumplimiento de su deber legal, tráfico de influencias y peculado por más de 450 millones de pesos por parte del hoy gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares cuando este cumplía el encargo de secretario de Gobierno en la administración de Patricio Chirinos Calero. Hoy su hijo mal gobierna el puerto de Veracruz, considerándose las peores gobiernos que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) haya protagonizado.
Sobre este hallazgo, como en los que han localizado los colectivos de Córdoba y Orizaba junto con la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y en coordinación con la Red de Enlaces Nacionales, en la que participan integrantes de colectivos de Guerrero, Sinaloa y Coahuila, en donde localizaron en abril del 2016 en Amatlán de Los Reyes, 500 restos óseos humanos y hasta el día de hoy, Luis Ángel Bravo Contreras no le ha dado la gana de analizar para devolverle a sus familias, el dolor de no saber de su ser querido.
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