Eduardo Sánchez Macías tratará por enésima ocasión de lograr la candidatura a la alcaldía, ahora por el Partido del Trabajo (PT), luego que el PRI se negó en las dos ocasiones anteriores. Y es que su hermano Francisco no logró fuelle para ir de la mano del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), del que hasta hace junio pasado fue su dirigente municipal, un cargo al que renunció al ver que las cosas no le pintaban.
Al explicar al dirigente estatal Eduardo Robles Castellanos las razones de su dimisión, Francisco Sánchez Macías explicaba que estaba decepcionado y en total desacuerdo “por la forma en que se ha venido el PVEM al mejor postor” y señalaba que las decisiones para el futuro del partido “no pueden ser tomadas desde un escritorio o una cantina, sin consultar a la dirigencia ni a las bases”. Acusaba también al dirigente estatal de haber prostituido y venido al partido, “de acuerdo con sus intereses personales y económicos”.
Por ello están buscando una jugada de locura. Luego de haber logrado cerrar algunas deudas de Javier Duarte con sus periódicos mediante la donación de un terreno para una asociación rural que encabeza el menor de los hermanos, Stalin Sánchez Macías, ahora tratan de impulsarlo a través del Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Sí, leyó bien, el partido de Andrés Manuel López Obrador.
Mediante una jugada en que aprovecharon la novatez de seguidores de Morena que atendían un puesto de afiliación en el parque de Martínez de la Torre, llegó Stalin a tramitar su ingreso, hecho que fue documentado por un fotógrafo de Diario Martinense y divulgado mediante una nota periodística en ese mismo rotativo, en que se destaca como un hecho valioso para el partido de López Obrador la supuesta afiliación del chamaco.
Eduardo Sánchez Macías había tratado de convencer al dirigente estatal de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de postularlo a él o a su hermano Stalin como candidato municipal, ofreciendo recursos y estructura organizativa para lograr el triunfo.
Por desgracia, el dirigente distrital de Morena, Rolando Ramírez, sigue siendo un cero a la izquierda, un cómodo mercenario que no sale de casa y que no ha logrado siquiera echar atrás la supuesta afiliación del menor de los Sánchez Macías.
Un grito en la oscuridad: ¡Ni una menos!
No será con el último gobierno priista cuando se tomen medidas e, incluso, políticas públicas orientadas a contener la creciente violencia criminal contra las mujeres en Veracruz, que se manifiesta en feminicidios y en desaparición de jóvenes y adolescentes, muchas de ellas posteriormente encontradas sin vida con rasgos de bestial violencia, aunque la mayoría perdidas de por vida sin el consuelo para sus padres de saber si se mantienen con vida.
Un estudio realizado por académicas de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana (“Asesinatos de Mujeres y Niñas por razón de Género. Feminicidios en la Entidad Veracruzana”), ha revelado que existen altas cifras de feminicidios (97) y homicidios de mujeres (34), que hacen un total de 129 de enero a septiembre de este año.
Ello generó que muchas mujeres (a título personal y como parte de diversas organizaciones civiles e instituciones) se pronunciaran el pasado 19 de octubre para exigir la implantación de las medidas necesarias que permitan prevenir, atender, sancionar y erradicar los casos de feminicidio, desaparición y violencia contra las mujeres en el estado de Veracruz.
Las cifras que arroja hasta septiembre el estudio acusan un incremento del 24 por ciento con relación a 2015 (99 feminicidios) y, aunque se da en casi todos los municipios de la entidad, los que presentan un mayor número de casos son Papantla, Veracruz, Poza Rica, Medellín, Coatzacoalcos y Minatitlán.
La situación de desgobierno que sufre Veracruz en los últimos años (profundizado a raíz de que el gobierno priista corrupto encabezado por Javier Duarte de Ochoa optó, ante el agobio de las acusaciones e investigaciones judiciales, por solicitar licencia definitiva al cargo el 12 de octubre) abrió enormes avenidas para la actuación impune de las bandas criminales, las que –según la directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres, Edda Arrez Rebolledo– habrían sido culpables de la mayoría de los actos de violencia contra este género.
En el pronunciamiento veracruzano hecho el pasado 19 de octubre, fecha en que desde Argentina surgió la iniciativa de lanzar el grito #NiUnaMenos, como parte de las actividades que buscan presionar a las autoridades a establecer políticas y acciones certeras para proteger a las mujeres, se señala que este año comenzó con un homicidio diario de mujeres y que el número de desaparecidas hasta el mes de septiembre es de 252 mujeres. Xalapa sobresale por ser el municipio en que se ha dado el mayor número de casos reportados.
A esas estadísticas muy pronto se sumaron los casos de tres mujeres asesinadas el 7 de octubre en los municipios de Acayucan, Minatitlán y Catemaco, todas con signos de tortura, “lo que se ha hecho una constante y deja en evidencia el grado de crueldad con el que se cometen estos asesinatos”.
Los grupos y colectivos feministas expusieron cuatro exigencias:
1. Abrir una mesa de trabajo con autoridades federales de Gobernación competentes en el tema y Organizaciones Civiles de la Entidad, con la finalidad de analizar de manera seria y contundente el contexto que denota la grave situación de violencia en contra de las mujeres, y que se muestra con el incremento del número de feminicidios y desaparición de mujeres.
2. La intervención de autoridades federales a fin de coordinar acciones que salvaguarden la vida, la integridad y la seguridad de las mujeres en nuestro estado, especialmente en los municipios en los municipios con mayores niveles de violencia y desaparición.
3. Intervención federal a fin de que se tomen medidas para garantizar la investigación y el seguimiento de los casos de desaparición y feminicidios que se han cometido hasta la fecha en territorio veracruzano.
Y 4. Establecer medidas emergentes de prevención y contención de la violencia generalizada y en contra las mujeres.
Sin embargo, no solo autoridades judiciales (sean estatales o federales) y organizaciones de mujeres deben estar atentos a estas graves amenazas, sino toda la sociedad, los padres de familia, las organizaciones no gubernamentales, los periodistas y medios de comunicación e, incluso, los partidos políticos, aunque estos siempre actúan con sentido electoral.
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