Notas informativas de portales de noticias exponen que los jóvenes fueron privados de su libertad en diferentes momentos. Pero en las redes sociales, trasciende la versión, que los muchachos fueron sometidos por un comando fuertemente equipado con armas largas en el mismo momento. La policía se encontraba cercana al “levantón”, pero existen denuncias de que estos no movieron un solo dedo para su localización. Actitud que para los veracruzanos no es de extrañarse, cuando los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ha sido señalada en constantes ocasiones de trabajar a favor de la delincuencia organizada. Era así cuando Arturo Bermúdez Zurita dirigía, nada podría esperarse de José Nabor Nava Olguín, quien era el segundo del antiguo titular de la SSP y mucho aprendió de él.
El guion ya nos lo sabemos de parte del señor fiscal, Luis Ángel Bravo Contreras. Hará que busca pero la verdad no implementará ninguna búsqueda para los chicos. Es decir, no moverá un solo dedo para su oportuna localización, actitud que deja mucho que desear porque jamás logra “localizar” a nadie. Porque no invierte en esas “nimiedades”. El dinero es y sirve [según su corrupta concepción] para el pago de sus escoltas, que lo cuidan, para la compra de armamento de alto poder que estos utilizan para lograr su resguardo. El dinero del erario es para la compra de sus lujosas mansiones, para los vehículos que él merece traer, para sus cremas y lociones costosas, que lo hacen ver “más bello”.
Sobre las investigaciones es igual o peor de ineficiente. El rezago es impresionante en los archivos de la dependencia que dirige, pues jamás resuelve un solo caso. Los Ministerios Públicos en su patético esquema de incapacidad y no dudamos que por órdenes de él, ponen “trabas” a los familiares de las víctimas de desaparecidos al hacerlos padecer para “aceptar la denuncia” que estos pretenden interponer cuando un familiar desaparece. Cuando es su obligación, porque para esos les “pagamos”.
Los Policías Ministeriales igual que el fiscal y los Ministerios Públicos, absolutamente holgazanes, sujetos sudorosos y mal vestidos, que no cuentan con absolutamente nada para realizar su trabajo. Andan en unidades destartaladas y sin gasolina. Obligan a las personas que requieren se investigue la ubicación de un familiar, a tener que “cargarlos” con sus propios recursos. Los familiares de las víctimas tienen que trasladarlos de un lugar a otro, jamás buscan, son patéticos.
La tecnología que tanto presume “Fisculín” únicamente se encuentra en su imaginación, pues las dependencias se encuentran en instalaciones realmente decadentes, con computadoras viejas sin internet. Quienes laboran en los Ministerios Públicos son personas ignorantes y sin profesionalización, son sujetos que no saben ni escribir un texto. Las denuncias, se encuentran llenas de faltas de ortografía, sin sintaxis, documentos que ni ellos mismos les entienden, que podemos pensar que integren adecuadamente una denuncia. Es decir, la FGE contrata recurso humano barata para hacer el trabajo de un profesional.
Para muestra un botón:
“Hola Silvia, buenas madrugadas (…) Te comento que al personal del Poder Judicial no les han pagado la quincena que pasó (…) Están trabajando sin climas, sin hojas y confirmado que si no les resuelven se van a huelga el 4 de noviembre (…) Lo cual sería algo realmente catastrófico para los abogados y para los clientes de todo el gremio (…) Los cuales se verían seriamente afectada en su economía, sobre todo los pequeños que son realmente los que me preocupan ya que los Juzgados de lo Familiar tramitan cientos de pensiones alimenticias a diario, entre otro tipo de asuntos”. Este escenario es privativo. Es una dolorosa realidad para todas las dependencias de gobierno, en donde ni agua para el consumo, tiene el personal.
Un dato importante que se debe de considerar en el tema de los ocho jóvenes raptados. Soledad de Doblado es un municipio –como muchos en el estado de Veracruz- que se encuentra abandonado por la SSP y dominado por la delincuencia. Recordemos el atentado que orquestaron en contra de la presidenta municipal, Martha Utrera el pasado 15 de agosto del 2016 en donde murieron seis personas, los cuales eran parte de la escolta de la alcaldesa.
Hasta el día de hoy, el fiscal General del Estado (FGE), Luis Ángel Bravo Contreras y las “fuerzas del orden” no han esclarecido el acto [ni lo harán], acto que pone en más riesgo a la población “Choleña” por la impunidad que se desarrolla en dicho municipio a favor de los grupos delincuenciales.
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