Al parecer el grupo parlamentario integrado por la corriente del Partido Acción Nacional (PAN) se une nuevamente a la del PRI y sus partidos satélites, para violentar el derecho de los mexicanos a tener acceso al agua y pretende con la dolosa decisión, permitir comercializar políticamente el suministro para hacer grandes negocios con ella y así llevar ahora si, “agua a su molino”.
Indudablemente la ciudadanía en Veracruz es la más permisiva a las violaciones que el sector político ejecuta en contra de sus intereses. Mañana veremos cómo la sociedad veracruzana se quejará y denunciará sobre el incremento al agua que el Grupo Metropolitano del Agua y Saneamiento (MAS) ejecutará, transgrediendo sus intereses económicos. Acto que no será válido por la concesión –por cobardía, por apatía o por comodidad- que le otorgan a los legisladores para violentar todos y cada uno de los derechos que como ciudadanos tienen.
Es la triste realidad de Veracruz. Con una sociedad pasiva y un grupo político realmente putrefacto por la voracidad de continuar saqueando al estado, que sufre las peores crisis financieras derivado de esto. Definitivamente, la sociedad veracruzana tiene el gobierno que merece.
¿Hay alguna diferencia entre ser borregos del gobierno del PRI a un gobierno del PAN? Para la sociedad no existe diferencia. Al final en el recuento de los daños, la corrupción parlamentaria sea de la corriente partidista que sea, es igual de depredadora y nefasta.
Duarte en el banquillo de los acusados
Javier Duarte de Ochoa está totalmente rezagado hasta por su propios “aliados”, quienes ya no lo toman en cuenta en las decisiones relevantes que realizan su propio grupo parlamentario federal. Peor aún, el próximo lunes la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), someterá a votación el lunes 26 de septiembre del año en curso, un dictamen en el cual solicita suspender los derechos políticos-partidistas al gobernador de Veracruz luego de las investigaciones que la Procuraduría General de la República (PGR) realiza en su contra y como también funcionarios de su gobierno por enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal.
Indudablemente con este hecho, con mayor seguridad, el PRI pretende expulsarlo del partido y con ello, hacerle ver su supuesto repudio con miras al 2018. Es decir, Javier Duarte se ha convertido en el hilo delgado que el PRI debe de romper para asegurar nuevamente gobernar por los próximos seis años cuando Peña Nieto deje el poder. Muy conveniente es que el tricolor pretenda realizar este tipo de acciones de manera tardía, cuando el daño que ha originado este mal servidor público ha dejado miles de muertes, ha originado un alarmante número de personas desaparecidas y ha sido acusado de ser uno de los vehículos, involucrado directamente en el asesinato a 20 periodistas.
Es imperdonable que el PRI se desgarre conveniente las vestiduras, pese a los señalamientos que en todo lo largo de la administración de Javier Duarte se hicieron luego del saqueamiento tan doloso que hizo en las finanzas de la entidad y el dolor que ha originado a muchas familias. ¿Por qué no ha perseguido también a Arturo Bermúdez Zurita? ¿En dónde está luego de su renuncia? ¿Cuántas veces no hemos visto este tipo de estrategias mediáticas en contra de políticos corruptos?
Un ejemplo vital es Raúl Salinas de Gortari, quien pese a las evidencias de corrupción y peculado que cometió en el periodo que gobernó su hermano, jamás le fueron decomisadas sus propiedades –adquiridas con dinero público- y fue exonerado en el gobierno de Enrique Peña Nieto –por órdenes de Carlos Salinas- en julio del 2013.
Los partidos políticos actúan como verdaderos grupos delincuenciales al protegerse unos a otros, con la finalidad de continuar gobernando. Jamás los miembros del mismo partido, contravendrán los intereses de los grupos de poder del mismo. El quebranto que estos orquestan en contra de la sociedad, puede decirse que es parte de su modus operandi y jamás, aunque la ley demuestre sus actos de corrupción, la aplicarán en contra de sus agremiados.
“La ley para mis enemigos y la justicia para los amigos” es el fundamento con la que la clase política aplica sus fundamentos de permanencia en el poder. Por ello vemos a tantos activistas sociales que se encuentran en calidad de presos políticos, por tambalear la corrupción política que ya lacera a nuestro país.
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