Con Javier Duarte de Ochoa caído en desgracia, prófugo y a punto de que le incauten sus riquezas mal habidas, varios de sus cómplices en el saqueo a Veracruz pretenden evadir la acción de la justicia culpando de todo al ex gobernador al que obedecían ciegamente.

Por ejemplo, uno de los que está más cerca de ir a prisión, el secretario de Finanzas y Planeación Antonio Gómez Pelegrín, afirma que fue Javier Duarte quien le ordenó desviar recursos etiquetados para meterlos en la “licuadora”, y que cuando le comentaba que eso era irregular –y agregaríamos, constitutivo de un delito-, el soberbio e irreflexivo mandatario simplemente no le hacía caso. Como si eso lo eximiera de su propia responsabilidad.

Lo mismo arguyó el ex tesorero Antonio Tarek Abdalá Saad, quien al responder al procedimiento disciplinario administrativo que le instruyó la Contraloría General del Estado por su desastroso manejo del dinero de los veracruzanos, respondió, según consta en el acta de su comparecencia por escrito, que “mi actuar atendió a la observancia de las diversas políticas públicas establecidas por el Gobierno del Estado en materia de gasto”, lo que en los hechos representó el desvío de millones de pesos y por lo cual le fue impuesta la ridícula sanción de una inhabilitación para ejercer cargos públicos estatales durante diez años, cuando lo que se merece es ir a la cárcel.

El mismo Flavino Ríos Alvarado, quien ya no siente lo duro sino lo que le sigue, jura que si alguien cometió tropelías y le corresponde ser sometido a proceso es a quien le antecedió en el cargo pero no a él, porque “nunca” estuvo enterado de nada de lo que pasaba, al grado de que de haberlo sabido, no aceptaba ser nombrado gobernador interino. Ni qué decir sobre esto, afirmado por quien ocupó la titularidad de las secretarías de Educación –donde se detectaron los mayores de desvíos recursos- y de Gobierno.

Sin duda las palmas se las lleva el ex tesorero, ex subsecretario de Desarrollo Social y ex oficial mayor de la Secretaría de Educación Vicente Benítez González, hoy flamante diputado local por Nueva Alianza. En un alarde de procacidad, dijo tener “la conciencia tranquila” a pesar de ser señalado como uno de los funcionarios que más se enriqueció en este sexenio, y sobre su relación con el defenestrado Javier Duarte, evadió confirmar si es su “amigo”, aunque con su actitud quedó claro que, por lo menos, ya no lo es.

Y si los funcionarios de mayor nivel niegan con desparpajo a quien los cobijó y les permitió enriquecerse estúpidamente todos estos años, cuanto más los empleados de medio pelo encargados del trabajo en las cañerías del régimen, como el jefe de los sicarios cibernéticos de Javier Duarte, Francisco Vicente, cuya labor fue difamar a todos los críticos del duartismo en los correos electrónicos masivos que se enviaban a las redacciones de los medios como parte de la “estrategia de comunicación” de este gobierno.

“Arrepentido”, Francisco Vicente renegó de los “servicios” prestados al duartismo “autofiltrando” sus “cartas de renuncia”. Pero no cambió de estrategia. Ahora manda correos infamantes en contra de los ex funcionarios del gobierno que le dio de comer seis años, pues como el “hijo pródigo” quiere regresar al redil y congraciarse con su antiguo jefe, el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares.

Todos ellos deberían saber que Judas terminó ahorcado luego de cometer traición. 

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