Hasta mediados del gobierno duartista, fue recurrente ver puestos de publicaciones impresas que “lucían” las portadas de diferentes periódicos veracruzanos, de norte a sur de la entidad, con los mismos titulares, las mismas fotografías. Y por supuesto, la misma desvergüenza.
Al amparo de la injustificada opacidad –los argumentos del gobierno estatal para la reserva de esa información son ridículos-, desde la Coordinación de Comunicación Social se derrocharon millones de pesos, tanto en medios reales como en pasquines sin circulación, así como en empresas fantasma y portales de Internet creados de manera exprés desde esa misma oficina, que sólo publicaban boletines oficiales y golpes a los adversarios del régimen.
A cambio de ese tipo de “servicios” informativos, los medios, los reales y los de “pantalla”, recibieron cuantiosas sumas, de las cuales una parte también le tocaba al alto funcionario del área que autorizaba el “convenio” respectivo. Esto permitió amasar fortunas que a su vez forjaron consorcios mediáticos y comerciales, así como fulgurantes carreras políticas.
De acuerdo con información extraoficial pero absolutamente fidedigna recabada por quien esto escribe, de 2011 a 2014 la Coordinación General de Comunicación Social del gobierno de Javier Duarte de Ochoa gastó más de siete mil millones de pesos en publicidad en medios informativos de variada índole y estofa. A la fecha, la cifra superaría los ocho mil millones, de los cuales se adeudan cerca de dos mil millones de pesos en total, entre lo que se reconoce oficialmente y lo que permanece oculto. Un dispendio descomunal.
Pero para que no quede lugar a dudas, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) determinó en su sesión pública de este 9 de noviembre que la Coordinación General de Comunicación Social estatal haga pública la información sobre los convenios celebrados con medios de comunicación –radio, televisión, revistas, periódicos y páginas electrónicas– entre los años 2011 a 2016.
Al desahogar el expediente IVAI-REV/404/2016/I, el IVAI determinó revocar el acuerdo de reserva con el que la Coordinación General de Comunicación Social sustentó la negativa de entrega de esa información todos estos años, ya que “dar a conocer los contratos celebrados por los entes obligados con cualquier medio de comunicación, así como la información que se derive de ellos, es transparentar la rendición de cuentas y actuar de éstos ante la sociedad, bajo el principio de máxima publicidad”.
Se trata de una decisión fundamental, de enorme trascendencia, que permitirá abrir otra de las cloacas de corrupción que dieron lugar tanto al saqueo del erario, como a la degradación del ejercicio periodístico por parte de las empresas mediáticas en aras de preservar sus ganancias económicas.
Se va a abrir otra caja de Pandora.
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