El pasado viernes 18, sin que se percatara Iván López Fernández, alguien que estaba sentado detrás de él durante la comparecencia del contralor Ricardo García Guzmán ante la la LXIV Legislatura local, le tomó una fotografía a la pantalla de su teléfono celular justo cuando se mensajeaba con el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, quien al inicio de este sexenio fue su subordinado en la Contraloría General del Estado, donde se desempeñó como director general de Administración y Finanzas y posteriormente de Control y Evaluación, hasta que en septiembre de 2012 fue promovido por su ex jefe al ORFIS, ya que López Fernández, quien inicialmente pretendía suceder a Mauricio Audirac como auditor general, estaba impedido constitucionalmente para encabezar el máximo órgano de fiscalización estatal.

¿Qué se decían el primer contralor del gobierno duartista y Portilla Vázquez?  Hasta el momento se desconoce. Pero lo que no fue casual es que Iván López arremetiera ante los medios de comunicación en contra de García Guzmán, a quien inclusive acusó de quererlo “extorsionar”. Ya encarrerado, terminó echándose él mismo la soga al cuello al declarar que durante el  periodo que estuvo en la Contraloría, “esta parte del escandalito de las famosas 27 ‘empresas fantasmas’, no son 27 ni 123 sino cerca de 600 ‘empresas fantasmas’, yo tengo los documentos, todos estaban avisados por este problema y todo el mundo lo sabía.”

Si desde entonces supo del saqueo, ¿por qué no procedió penalmente contra quien o quienes resultaran responsables de estos ilícitos? Como titular de la Contraloría General del estado, López Fernández incurrió al menos en incumplimiento de un deber legal.

Ahora mismo estaría obligado también a presentar denuncia penal contra García Guzmán si es que como lo afirmó hace una semana ante los reporteros, el contralor de veras habría intentado “extorsionarlo”.

Este martes, el diputado Ricardo García Escalante, miembro del grupo legislativo independiente “Juntos por Veracruz” e hijo del contralor García Guzmán, declaró que “me da mucha risa Iván (…), se ve su desesperación. Si tú estás tranquilo y estás consciente de lo que eres y lo que haces, te proteges. Tu integridad y tu ética es la que habla de ti.”

El representante popular por el distrito de Pánuco, quien inicialmente llegó al Congreso local postulado por el PVEM y la alianza priista “Para mejorar Veracruz”, dijo que el ex contralor estaba obligado a presentar las denuncias correspondientes si ya había detectado las “empresas fantasma” del ex gobernador Javier Duarte, sin importar que estuviera o no en el cargo, pues al no hacerlo se convirtió en un cómplice en el desvío de recursos públicos e incurrió en omisión.

Pero aparte de la responsabilidad legal que le pudiese resultar por no haber actuado en su momento en contra de los que maquinaron y operaron este megafraude de las “empresas fantasma” a pesar de que como él mismo lo aseguró ya tenía conocimiento y documentos, López Fernández deberá responder legalmente también por haber certificado obras que no se terminaron y que fueron pagadas por Banobras.

Esa habría sido la razón por la que el pasado viernes se presentó en el Congreso local durante la comparecencia de García Guzmán, quien daría a conocer a los diputados que “precisamente el día de ayer (jueves 17) esta Contraloría General denunció ante la Fiscalía General del Estado la falsa certificación de obras por mil 063 millones de pesos, obras materiales que no existen, que no se terminaron, pero que sí fueron cobradas por el Gobierno del Estado a Banobras.”

“En primera instancia, la responsabilidad recae presuntamente en dos ex funcionarios de primer nivel, pues fueron ellos quienes otorgaron la certificación para que se liberaran los recursos”, dijo el contralor sin dar los nombres de los involucrados, pero López Fernández sabía que Ricardo García se refería a él y a Mauricio Audirac, quien en octubre de 2013 lo había sucedido en la Contraloría.

Sin embargo, entrevistado durante la comparecencia de García Guzmán, Iván López dijo desconocer de qué lo acusaba el panuquense. “Nadie me ha mandado a traer, no sé de qué me acusan y la denuncia la acaba de anunciar el contralor. Yo ya sabía que iba a estar denunciado y la denuncia no está ratificada”, afirmó el ex funcionario, quien reiteró que “a mí la Contraloría no me ha notificado ni mucho menos la Fiscalía”.

Pero este miércoles 23, en su comparecencia ante el Congreso local, el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Tomás Ruiz González, a pregunta expresa del diputado por Acayucan, Fernando Kuri Kuri, coordinador del grupo legislativo independiente “Juntos por Veracruz” –del cual forma parte el hijo del contralor García Guzmán–, confirmó que, efectivamente, los ex contralores Iván López y Mauricio Audirac certificaron obras que debieron realizarse con un financiamiento por mil 074 millones de pesos otorgado al Gobierno del Estado a finales de 2012 por Banobras en la modalidad de crédito con un bono “cupón cero”, recursos del programa PROFISE que debieron ejecutarse en la construcción del cuartel militar de Tempoal, en reclusorios y otras obras de infraestructura en seguridad pública.

Este jueves 24, al recibir en su despacho a la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, el contralor García Guzmán le entregó a la panista la relación de denuncias penales que la dependencia a su cargo presentó del 1 de diciembre de 2015 al 17 de noviembre de 2016 contra quienes resulten responsables de un presunto daño patrimonial superior a los 50 mil millones de pesos. Y, entre esas denuncias, está incluida la de la indebida certificación y comprobación de recursos destinados por Banobras a proyectos de infraestructura, un asunto del que Ricardo García se habría enterado a principios de este mes porque funcionarios del banco del gobierno federal lo habrían requerido, ya que presuntamente ni Iván López ni Mauricio Audirac dejaron documentos de respaldo en la Contraloría.