En los últimos años, con los impuestos recaudados en Veracruz, el gobierno federal ha construido portentosas obras carreteras en el norte del país y en el corredor industrial del Bajío, ha modernizado sistemáticamente la infraestructura para el desarrollo en el Estado de México, favorecido hasta la desvergüenza por su exgobernador, el actual Presidente de México; se han fortalecido las participaciones federales de estados con una muy baja recaudación; se ha subsidiado por décadas el costo del transporte público en la Ciudad de México, y todo ello en medio de un olvido federal hacia los veracruzanos.

Pese a tales asimetrías, los jarochos hemos sido dóciles y nos hemos mantenido dentro del pacto federal, hemos aceptado sin chistar las reglas con que se distribuyen inequitativamente los recursos fiscales del gobierno central, mientras observamos cómo –pese a nuestras graves carencias en infraestructura– en los estados del norte del país y en los privilegiados integrantes de la zona metropolitana de la Ciudad de México, se marcan profundas diferencias entre un México moderno y otro, el del sureste, sumido en un ignominioso retraso.

Hoy que el gobierno de Enrique Peña Nieto no ha querido meter mano para rescatar financieramente a Veracruz, pese a haber sido –por acción u omisión– cómplice del grave robo perpetrado por Javier Duarte contra las arcas públicas, como nunca se han multiplicado las voces que reclaman que Veracruz se retire del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y, en el caso extremo, se convierta en un país independiente, lo que difícilmente podrá prender en la mente de los veracruzanos, profundamente identificados con la nación.

¿Qué tan factible puede ser que Veracruz se retire del pacto federal en materia fiscal y, en lugar de apoyar al gobierno de la República a recaudar impuestos mansamente y esperar sus migajas, se erija en estado autónomo, cobre impuestos locales y los hoy considerados como federales, y disponer libremente de ellos para financiar su propio modelo de desarrollo?

Aunque los priistas poco han dicho al respecto, me refiero a sus alcaldes, diputados locales y federales, sus senadores, que debieran estar midiendo la temperatura política de la entidad y ser sensibles a las preocupaciones cotidianas de sus representados, los demás partidos –particularmente, el PAN– han mantenido esta presión, sobre todo porque en los primeros días como gobierno no tienen ni para pagar la nómina, mientras Peña Nieto y sus funcionarios parece que quiere que se estire lo más posible la liga, solo tratando de evitar que se rompa.

Antes autónomos que muertos de hambre

Aunque las primeras manifestaciones provinieron de juristas y personajes ciudadanos, la idea de marchar por la libre en materia recaudatoria está siendo impulsada por el diputado local independiente Gerardo Buganza Salmerón, quien ya hasta presentó una iniciativa al respecto, y por gente ligada al PAN, un partido cuyos gobernadores, al menos en los casos de Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo, enfrentan graves problemas financieros porque fueron escenarios de desvío de recursos y sobreendeudamiento.

Buganza Salmerón, en efecto, formalmente presentó el miércoles ante el pleno del Congreso su anteproyecto de punto de acuerdo para dejar sin efecto la adhesión de Veracruz al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), que le permitan reactivar sus potestades para gravar, hacerse cargo del cobro de los impuestos al ingreso y al consumo e, incluso, algunos especiales, y buscar ser autosuficiente.

Según explicó, Veracruz se adhirió al SNCF en noviembre de 1979, como resultado de compromisos entre la Federación y los estados en los dos años previos; sin embargo, con el cambio en la fórmula para calcular las aportaciones federales, solo algunos estados, en particular el de México, han sido beneficiados con mayores recursos fiscales, mientras que la mayoría de los demás estados han sido severamente perjudicados, entre ellos, Veracruz.

En la justificación de su propuesta, Buganza pone como ejemplo que, en el periodo 2007-2015, las participaciones para el Estado de México crecieron de 54 mil millones a 82 mil millones de pesos, lo que significó un incremento de 53 por ciento, mientras que Veracruz creció de 26 mil millones a 34 mil millones de pesos, que representan apenas una subida de 32 por ciento, abajo de la media nacional (39 por ciento).

A esta idea, motivada por el desinterés mostrado por el gobierno federal para apoyar a Veracruz en un momento realmente crítico, se han unido otros personajes del PAN. El 1 de diciembre, el gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, hizo énfasis en la necesidad de reformar las reglas del juego en materia fiscal federal.

Este jueves, el presidente de la comisión de Vigilancia de la Legislatura local, el diputado panista Juan Manuel de Unanue Abascal, dijo que su partido pedirá, desde la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), un trato digno en el reparto de las participaciones federales, considerando que Veracruz es la segunda entidad que más recauda y aporta a la hacienda federal y, en contrapartida, se ubica en el sitio 31 en el reparto de participaciones federales.

El sector empresarial también se ha manifestado en este sentido. Ernesto Pérez Astorga, vicepresidente regional zona sur de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), dijo que el gobierno federal tiene la obligación de ayudar a Veracruz con recursos para que el gobierno estatal pueda pagar las deudas a los empresarios, sobre todo porque fue copartícipe del mayor hurto cometido por un gobernador.

Para Pérez Astorga, el gobierno de Peña Nieto debe tener sensibilidad y, para fraseando al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, dijo que así como existe el famoso Fondo de Desastres Naturales (Fonden), se debe crear el fondo de desastres económicos para Veracruz. 

Ya veremos cómo le fue al Gobernador durante su larga estancia en la Ciudad de México, pero al menos deberíamos hacer más ruido sobre la posibilidad de salirnos del pacto federal. A ver si con ello se sensibiliza el presidente Enrique Peña Nieto.

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