El Gobernador lo dividió en 5 puntos, que en realidad, para efectos prácticos, son cuatro, pues el primero corresponde al estricto cumplimiento de la Ley, y con crisis o sin ella habría de aplicar acciones para “transparentar y manejar con absoluta honestidad los recursos públicos de los veracruzanos”.
Lo demás sí es para ser analizado y a final de cuentas contempla lo que desde este espacio, y en muchas otras columnas de análisis, se ha planteado.
Yunes Linares anuncia su intención de aplicar “un drástico ajuste al gasto corriente del Estado sin afectar programas sociales”.
Esto ya era urgente. En agosto del presente año, la empresa calificadora Fitch Rating alertaba sobre el nivel de gasto corriente, que se incrementó 36.4%, mientras que el gasto operativo tuvo un crecimiento de 36.8%. Como consecuencia, el Ahorro Interno se tornó negativo y se ubicó fuera del rango de la media nacional.
Ajustar el gasto corriente, en concreto, es reducir de forma escandalosa e inmisericorde la plantilla laboral. Yunes Linares se niega a aceptar la expresión “recorte masivo”, pero en los hechos eso es lo que hay.
En este rubro habrá que estar vigilante de que se cumpla a cabalidad con los derechos laborales de la burocracia, lo que representará una fuerte erogación para la Tesorería del Estado.
Otro punto que planteó el Gobernador de Veracruz a los diputados fue “reestructurar y refinanciar la deuda a largo plazo”.
Ya en este mismo espacio se ha aclarado este punto, luego de cada intento del gobierno por “renegociar”. La única forma de reducir la deuda pública (salvo “quitas” que son medidas muy poco viables) es pagando. Todo lo demás que se negocie con instituciones bancarias o fiduciarias representará un crecimiento de los pasivos.
Lo que Yunes Linares buscará será un plazo más largo para el pago de los compromisos, que represente una menor carga en el servicio de la deuda. Los bancos accederán, pero con la respectiva aplicación de intereses.
Otra medida probable es la búsqueda de mejores condiciones con los créditos, lo que luce complicado, pues no ayuda mucho la deteriorada calificación crediticia del Estado.
Anuncia el Gobernador, también, una “revisión y validación de pasivos de corto plazo”.
Nada nuevo. El propio Javier Duarte lo hizo, a través de su entonces secretario de Finanzas Tomás Ruiz, allá por el 2011. Aunque el argumento es revisar que todos los compromisos con proveedores y contratistas sean legales, que se hayan entregado de forma correcta los productos o que se hayan realizado las obras, lo que en realidad se pretende es comprar tiempo. Una revisión de este tipo no tarda menos de seis meses, lo que le dará un respiro a las finanzas estatales.
Y finalmente insistirá en la “recuperación de los bienes sustraídos del patrimonio público de los veracruzanos”.
Esa sí es una medida novedosa y hasta el momento le ha significado recursos frescos al Estado, fondos que ya se daban por perdidos. Sin embargo cada día será más complicado rescatar esas fortunas, pues los responsables del saqueo se han estado blindando. Ya no será suficiente una charla amenazadora, o una negociación extrajudicial.
Las medidas son concretas, claras, lógicas. Representan el único camino para que Veracruz salga a flote. Todo ello requiere de una férrea disciplina financiera y un comportamiento honesto de cada uno de los servidores públicos.
Por el bien de Veracruz, que así sea.
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