Y es que el presidente Enrique Peña Nieto tenía ya preparada, para la mañana del mismo lunes pero en Los Pinos, una verdadera mascarada, improvisada, discursiva e inútil, para decir que el gasolinazo se mantiene (y ya viene febrero con más aumento), aunque se destinarán recursos y programas de vigilancia para que no impacte en los niveles de inflación, sobre todo en materia de productos básicos, que no significa otra cosa que sacrificar a los pobres para que no se eleve la canasta básica de otros pobres.
Hasta profirió la amenaza de abrir el mercado nacional a productos básicos importados, para romper toda posibilidad de que los productores agropecuarios puedan resarcir las pérdidas por la elevación de los costos de producción mediante el aumento en sus precios.
Un acuerdo sacado de la manga
Su pomposo Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, que debió salir de los exangües cerebros de sus funcionarios antes o a la par del anuncio del gasolinazo, no deja de ser una estrategia mediática a la que ahora ni siquiera se sumaron todos los sectores empresariales, pese a que el compromiso que este sector asume es el de no aumentar indiscriminadamente los precios de bienes y servicios; al menos la Coparmex y empresarios veracruzanos no se unieron al compromiso.
¿A qué se compromete el gobierno de Peña Nieto? A impulsar las acciones que permitan mantener la estabilidad de los precios de la canasta básica, así como vigilar y sancionar cualquier abuso en los términos de ley; modernizar el transporte público y facilitar la movilidad urbana; mejorar las condiciones de crédito a través de la banca de desarrollo, y emprender las medidas que fomenten la inclusión laboral de los grupos vulnerables.
Además, realizar una campaña de información y facilitación para la entrega de recursos del sistema de ahorro para el retiro a adultos de más de 65 años que no lo hayan recibido y que tengan ese derecho; impulsar con los factores de la producción la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo, y reforzar acciones en favor de la libre competencia.
Este acuerdo que tan poco respaldo recibió incluye el impulso de cuatro ejes rectores: proteger la economía familiar; fomentar las inversiones y el empleo; preservar la estabilidad económica, y preservar y fortalecer la cultura de la legalidad y el Estado de Derecho.
En resumidas cuentas, se trata de una torpe respuesta a la enorme inquietud que seguiremos mostrando los mexicanos ante las repercusiones por el alza de las gasolinas. El programa, que no tiene carácter coercitivo, salvo en la supuesta contención en el alza de los precios de los productos básicos, y solo recomienda a los empresarios que no incurran en un “incremento indiscriminado” de precios de bienes y servicios, no tendrá ningún efecto real en los bolsillos de la población.
Por desgracia, el gobierno mexicano está muy lejos de establecer un real programa de ajuste económico que permita no solo enfrentar mediáticamente la creciente repulsa popular a sus medidas fiscales, sino que prepare a todos los sectores para el huracán que ya significa la política agresiva y antimexicana de Donald Trump, que antes de tomar posesión como Presidente de Estados Unidos ya ha provocado la cancelación de importantes inversiones extranjeras (no solo de empresas norteamericanas sino también de otros países) y la caída del peso ante el dólar, que ayer se cotizaba en cerca de 22 pesos.
Ya podemos ver que 2017 no solo será infernal para Veracruz, sino para todo el país y, por añadidura, para nuestros paisanos en los Estados Unidos.
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