Pues resulta que, pese a contar con todos los elementos para echar abajo una delegación sindical del SUTSEM creada al vapor, el secretario de Educación ha cedido a todos los caprichos de la herencia maldita del Cecytev, poniendo en entredicho a la propia directora (ahora dicen que solo es encargada de la dirección), Yali Sotelo Altúzar.
Este viernes deberán reunirse con ella en su oficina para avanzar en los acuerdos que están poniendo a esa institución bajo el yugo del duartismo y el sindicato. Vea usted los acuerdos que comunica el SUTSEM a sus agremiados, si no me cree:
“1. La Dirección General [del Cecytev] reconoce y se compromete a respetar el derecho de asociación, es decir, respeta y reconoce su afiliación a nuestro sindicato [SUTSEM].
“2. El Secretario de Educación instruyó a la Lic. Yali Sotelo Altúzar para que emita una circular en la cual se instruya al personal Directivo de Planteles y de Dirección General, en el sentido de dar un trato igualitario a los trabajadores sin distingo de su filiación sindical.
“3. La Dirección General se comprometió a que dependiendo de la disponibilidad de recursos financieros, se cubrirán los sueldos pendientes de pagar a los representantes de la Delegación Sindical (Francisco Camacho, Vigilio Torres y Carlos Molina) [los más cercanos secuaces de Arteaga Aponte], así como aguinaldo y otros conceptos. Y también los pagos pendientes de todos los trabajadores [se les estaba olvidando].
“4, La Dirección General se compromete a respetar los derechos laborales y todas las prestaciones adquiridas, quedando pendiente el análisis y discusión del convenio celebrado entre el SUTSEM y el Colegio, mismo que fue suscrito por el anterior Director General [Fernando Arteaga Aponte].”
Con ello, don Enrique Pérez Rodríguez se ha convertido en un verdadero fiasco: ha golpeado a indefensos empleados de la SEV con los despidos y ha coronado su actuación con un acuerdo oscuro que asegura la permanencia, incluso con comisión sindical con goce de sueldo, de quienes forman parte de una organización política priista, que aprovechó los recursos públicos para su labor.
Allá ellos.
Veracruz, la cara transparencia
No más dinero a inútiles organismos fiscalizadores. Como en materia de democracia, este país corrupto gasta demasiado en aparentar una actuación pública bajo urnas de cristal, aunque el cristal sea oscuro e impenetrable para la mirada crítica. La transparencia, como la democracia, ha abultado los presupuestos de los tres niveles de gobierno; en ambos rubros, sin embargo, entre más organismos y recursos, más corrupción y opacidad.
Solo para citar al último gobierno priista, durante seis años se realizó la operación de saqueo más grande de la historia de México; un gobernador hoy prófugo, en complicidad con sus funcionarios impresentables de todos los niveles, robaron a diestra y siniestra, condenaron a Veracruz a la enfermedad y a la muerte; desviaron recursos hasta de los programas que habían sido intocables, como el del combate a la pobreza, atención a desastres, prevención y atención a la salud, y educación, sin que ningún organismo de vigilancia ‘se diera cuenta’.
¿Sirven de algo la Contraloría General del Estado o el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz? ¿Han tenido algún impacto positivo los órganos de vigilancia y fiscalización, las contralorías internas, para detener los actos de corrupción o para alertarlos para que los poderes Ejecutivo y Legislativo tomen medidas precautorias o condenatorias? ¿La contratación de directivos, funcionarios y empleados, la contratación de espacios para oficinas, el gasto en papelería, viáticos y demás, ha tenido como correlato administraciones más honestas?
La respuesta a todas esas preguntas es: absolutamente no. No han servido para maldita la cosa, y mientras el Contralor ha sido al mismo tiempo el funcionario ladrón, o ha accedido al paraíso del enriquecimiento ilícito luego de aprender cómo esquivar los débiles amarres impuestos legalmente, resulta que Javier Duarte de Ochoa se habría robado, enfrente de todas esas instancias, incluidas dos Legislaturas del Congreso del Estado, en torno a los 100 mil millones de pesos, aunque algunos se atreven a aventurar la cifra de 180 mil millones.
¿Más burocracia en ayuntamientos para transparencia?
Lo anterior viene a cuento por la iniciativa de decreto para adicionar a dos artículos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, presentada ayer por el grupo legislativo del PRI, en voz del diputado Carlos Vasconcelos Guevara (dirigente obrero que está más que puesto para ser candidato del PRI por la alcaldía de Coayzacoalcos), con el objetivo de crear en todos los ayuntamientos comisiones edilicias de Transparencia y Acceso a la Información.
Según el postulante, estas comisiones tendrían como atribuciones las de proponer, en coordinación con la Unidad de Transparencia, estrategias y lineamientos que permitan dotar al Ayuntamiento de las herramientas propias de un Gobierno Abierto. Adicionalmente, este órgano edilicio impulsaría acciones para que el titular de la Unidad de Transparencia y el personal a su cargo, reciban capacitación continua y cuente con lo necesario para el eficaz y eficiente desempeño de sus funciones.
El diputado Carlos Vasconcelos reconoció que la sociedad no está dispuesta a tolerar más arbitrariedades ni conductas lesivas a sus derechos y aspiraciones como suele suceder por quienes, teniendo una responsabilidad pública, abusan de la confianza ciudadana con evidentes actos de corrupción.
Las preguntas que surgen son muchas: ¿desde cuándo el PRI se ha preocupado por evitar la corrupción, en lugar de propiciarla a grados demenciales?, ¿cómo se pretende frenar los actos deshonestos y de corrupción mediante la integración de comisiones donde participan los propios defraudadores?, ¿cuánto va a costar la implantación de estas comisiones y de qué manera lograrán niveles adecuados de transparencia y buen gobierno?
Hay que recordar que en órganos de vigilancia, los tres niveles de gobierno gastan enormes cantidades de recursos fiscales que agrandan el daño que se infringe a las tesorerías públicas.
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