No obstante lo anterior, la pasada administración del Gobierno Estatal de Veracruz no puso sus barbas a remojar. El Gobernador en turno prefirió negar los altos índices de inseguridad e invertir varios miles de millones de pesos en medios de comunicación para ocultar la realidad: Veracruz se convirtió en un estado santuario de los malos, aquí los protegían.
Crecimiento exponencial de la percepción de inseguridad. En el año 2011, afectaba al 65.1 por ciento de los ciudadanos mayores de 18 años, para el 2016, afectó al 85.1 por ciento.
Es incuestionable que la inseguridad resta competitividad a las entidades federativas, por un lado a los empresarios de todo tipo les afecta en los costos y por los tanto encarece sus productos o servicios que fabrican o comercializan. Así también ahuyenta a los inversionistas extranjeros y nacionales, ya que le resta atractivo a los estados. En la otra mano, disminuye el poder adquisitivo de la población en general, perjudicando el tamaño del mercado, ya sea por el daño que directamente infligen los delincuentes o por los gastos que ocasionan en protegerse. Las consecuencias están a la vista, la inseguridad al dañar las actividades productivas, le pega directamente al crecimiento económico y al empleo con prestaciones sociales. Ante esta realidad, instituciones como el Banco de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Banco Mundial y centros educativos de primer nivel, entre otros, cada año profundizan sus esfuerzos para estudiar este fenómeno social que amenaza con una real revolución criminal. No dejo de mencionar que las organizaciones privadas cuya especialidad es cuantificar la competitividad, proporcionan un peso muy importante en su calificación al tema en comento. Los gobernantes no deben olvidar el trago amargo que pasó el presidente Felipe Calderón en la conmemoración del XCIX aniversario de la Marcha de la Lealtad en el Castillo de Chapultepec, cuando el orador único, el secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván, señaló su fracaso ante el crimen organizado, reconociendo que la seguridad interior del país se encontraba seriamente amenazada. Los resultados del primero de julio del 2012, hablaron por sí solos, perdió el PAN la presidencia de la República Mexicana, no se puede iniciar una guerra con los ojos tapados, y menos sin saber el tamaño y calidad del problema.
No obstante lo anterior, la pasada administración del Gobierno Estatal de Veracruz no puso sus barbas a remojar. El Gobernador en turno prefirió negar los altos índices de inseguridad e invertir varios miles de millones de pesos en medios de comunicación para ocultar la realidad. Una parte este factor contribuyo en la paliza que le propinaron al tricolor el pasado 6 de junio del 2016. Estos señalamientos se fundamentan en una avalancha de estudios realizados por el en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Región Centro, ubicado en la ciudad de Aguascalientes, a través del Programa de Política de Drogas (PPD), que constituye uno de los primeros espacios académicos en México que analizan el fenómeno de la delincuencia organizada. En primera instancia concluye que en Veracruz existe la autocensura –el miedo no anda en burro- y la represión, que provocan una baja cobertura -33 por ciento, cuarto lugar nacional- de los hechos violentos realizados por los malandros por parte de la prensa local. En otras palabras solo una tercera parte de estos acontecimientos los conoce la opinión pública, también advirtieron que desde el año 2011, el hampa se desplazó para el Golfo de México de otras partes del país, sumándose a las que ya existían. Veracruz se convirtió en un estado santuario de los malos, aquí los protegían. Bonita cosa.
En esta tesitura, también existen no menos de 60 mil encuestas que ha recabado INEGI desde el año 2009, es todo el territorio veracruzano, destacan: la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), la de inseguridad urbana (ENSU), la de calidad gubernamental (ENCIG), la de seguridad pública (ECOSEP) y la de victimización de empresas (ENVE). Todas y cada una, conforme a lo que ha publicado INEGI en el Diario Oficial de la Federación, son consideradas de uso obligatorio para la Federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios. Sin embargo hasta el año 2016, sus resultados son letra muerta por las autoridades veracruzanas responsables de la seguridad de los ciudadanos, a juzgar por crecimiento exponencial de la percepción de inseguridad. En el año 2011, afectaba al 65.1 por ciento de los ciudadanos mayores de 18 años, para el 2016, afectó al 85.1 por ciento. Más de cuatro de cada cinco veracruzanos viven con temor de ser víctimas de un delito por parte de los malos. Con este resultado avanzamos del lugar diez y ocho al cuarto lugar nacional, dentro de las entidades federativas más intimidantes del país, solo atrás de Estado de México, Tabasco y Tamaulipas, avanzamos de regular a peor catorce lugares. Existe en la actualidad una gran expectativas ciudadanas para mejorar la seguridad, que pueden caer en la desilusión, sino hay resultados a corto plazo.
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