En el caso del gobierno federal, es decir el PRI, con su herramienta que es la PGR, empieza a allanar el camino a sus candidatos con sus tentáculos en Chiapas, donde cateó una casa propiedad de los suegros del ex gobernador Javier Duarte, y encontraron 54 mil dólares en efectivo.
El PRI es el partido que tiene una imagen poco definida en cuanto a la posibilidad de tener la calidad moral para obtener credibilidad en los comicios del 4 de junio en Veracruz. Porque desde el inicio de las actividades ilícitas de Javier Duarte, nadie hizo nada. Cuando vio que era inevitable el desprestigio de seguir indiferente ante los delitos del entonces gobernador, lo llamó para quitarle los derechos partidistas, pero precisamente cuando sometían a ese juicio inofensivo a Duarte, avalaban las diputaciones federales y locales de varios de sus colaboradores más cercanos para que alcanzaran el privilegio de la impunidad a través del fuero.
Sólo por nombrar uno de los más próximos a Javier Duarte, está Alberto Silva Ramos, quien estuvo y sigue estando al pendiente de su jefe y nadie duda que sepa dónde se encuentra escondido, porque desde la posición privilegiada que le otorga su fuero, ataca a través de los espacios en los medios con los que tuvo una relación muy costosa y estrecha durante el reinado de su jefe.
Desde esas tribunas, que se subastan al mejor postor, quieren realizar una guerra mediática que afecte al gobernador y su familia haciendo de los rumores y las especulaciones, verdades a medias.
Con diputados federales como Alberto Silva, el PRI tiene una nula calidad moral como para seguir fingiendo que en realidad busca Javier Duarte. De ahí que su triunfo electoral en los comicios para definir presidentes municipales en Veracruz, se vea acotado y con pocos alcances.
Por su parte, el gobernador del PAN, Miguel Ángel Yunes Linares, tiene acusaciones directas contra Javier Duarte y su antecesor Fidel Herrera por adquirir medicamentos vencidos, alterados, clonados que fueron aplicados a través del sector salud de la entidad, a enfermos con cáncer.
Yunes Linares responsabiliza a los dos ex gobernadores que le antecedieron en el cargo de crear empresas fantasma para triangular dichas compras. Así el PAN tiene en el gobernador a su punta de lanza para ganar espacios en los municipios de la entidad en disputa a través de las investigaciones policiacas.
De esta manera, el PAN a través de su gobernador hace acusaciones contra Antonio Gómez Pelegrín, secretario de Finanzas en la administración de Javier Duarte de Ochoa, por actos, delictivos.
Está en la mira también, Humberto Benítez Pérez, acusado de malversar 243 millones de pesos en la Sedesol, a través de la asignación de contratos a empresas fantasma. También implicado en la desaparición de 220 millones de pesos del ayuntamiento de Tuxpan y en la asignación ilegal de contratos de obra, por unos 180 millones de pesos, cuando Silva Ramos era presidente municipal.
Humberto Benítez Pérez se llevó a la dirección de comunicación social del gobierno del estado en la era Duarte, las mismas empresas fantasma creadas en Sedesol.
Hace días fue detenido quien fuera secretario de Seguridad Pública en la administración de Javier Duarte, Arturo Bermúdez, de quien dice el secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, que podría alcanzar una pena de tres a diez años de prisión por incurrir en el delito de enriquecimiento ilícito.
Por otra parte, se le involucra en por lo menos 40 casos de desaparición forzada, documentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Fiscalía General del Estado.
El ex funcionario podría enfrentar cargos por omisión o consentimiento, en el secuestro de decenas de jóvenes perpetrado por policías estatales entre los años 2011 y 2016.
Del éxito que tengan estas detenciones y lo que pueda hacerse en la búsqueda del ex gobernador Javier Duarte dependerá el tamaño de la rebanada del pastel electoral en Veracruz.
La tercera fuerza no recurre al juicio legal o penal, pero apela a la indignación de los veracruzanos, que ha sido su insumo más valioso a la hora de hacer proselitismo para obtener un número considerable de presidencias municipales. Morena, que estuvo a punto de ganar la gubernatura, tiene en el juicio de la población su carta de presentación y exhibe tanto a PRI como a PAN como gobiernos cuyos partidos no han podido echarle el guante a Javier Duarte, y tampoco han tenido la capacidad de encarcelar a los cómplices, al contrario, los premian con puestos donde no pueda hacerles nada el brazo de la justicia.
Andrés Manuel López Obrador, llenó este domingo la Plaza Lerdo de Xalapa, Veracruz, demostrando que todos y cada uno de los asistentes llegaron por convicción. Se le adjudica que llegaron en camiones; es verdad, pero alquilados por los asistentes. Quienes tienen intereses en otros partidos intentan desgastar la fuerza del tabasqueño con ese pretexto, pero cómo quieren que se traslade un grupo de personas organizado que va a un mismo lugar si no es a través del alquiler de un camión. Pero los ven bajar de un camión y por ese simple hecho son acarreados. Lo que no perdonan es la organización de esas personas. Hay que tomar en serio esa fuerza que mostró músculo en Xalapa.
En esta disputa por las presidencias municipales hay un cuarto grupo que no por estar oculto deja de ser menos peligroso pero, sobre todo un factor para tomar en cuenta en las elecciones del 4 de junio: la delincuencia organizada, que bien podría estar disfrazada de panista, morenista o priísta.
Mención aparte merecen los independientes, quienes con el único requisito de recabar firmas se convierten en candidatos sin más capacidad política que su improvisación y sin mayor derecho que el que le otorga el dinero que pueden invertir en sus campañas, sin importar su origen.
Por las prisas para encontrar a Duarte y sus cómplices, se olvidan de un factor esencial en la seguridad del estado, que de no atender desde ahora, puede revertírseles de manera contundente y salirse de control en algunas partes importantes de la entidad.
La justicia debe actuar de manera independiente de elecciones o guerras mediáticas y atender todos sus asuntos pendientes, se trate de funcionarios públicos prófugos o delincuentes vinculados con el narcotráfico.
De su tarea imparcial y profesional depende la tranquilidad de un estado que ya ha sufrido mucho los embates de los delincuentes de cuello blanco como para seguir descuidando su integridad y la de sus bienes.
Los partidos políticos en pugna por las presidencias municipales, deben trabajar y dejar que los gobiernos emanados de sus filas realicen su trabajo con profesionalismo y sirviendo a la población.
Condicionar el triunfo electoral a investigaciones policiacas delimita el campo de acción de la policía y la procuración de justicia y los verdaderos perdedores son los ciudadanos… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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