Sobre él pesan, más allá del dinero mal habido que se embolsó, de sí grave, la desaparición –según cifras de los colectivos- de más de diez mil veracruzanos.
Bermúdez fue el verdugo de todo un pueblo.
Quien se encapuchaba y cada noche salía –como dice Trump- a exterminar a los “malos” haciendo tabla rasa ya que tenía que cumplir ante el gobernador Javier Duarte con una cuota diaria que mostrara su eficiencia en el combate a la delincuencia.
Son delitos de lesa humanidad los que cometió, mismos que en otras circunstancias deberían ser juzgados ante un supremo tribunal ciudadano, ante un jurado como el de Núremberg, de cara a las decenas de miles de hombres, mujeres, ancianos y jóvenes que perdieron a sus madres, a sus padres, hermanos y hermanas, a sus niños.
Eso es lo grave del asunto Bermúdez. Lo demás es juego político.
Que si se robó 80, cien o mil millones de pesos, ¿en algo importa cuando millares de veracruzanos lloran en el día a día por sus muertos?
Ahí están cientos de fosas clandestinas las cuales en buena medida se localizan en Santa Fe, bajo los cimientos de la Academia de Policía en El Lencero, donde todavía se registra fetidez, en las llanuras de Minatitlán y en San Pancho. Es ahí, justamente, donde están los restos de los desaparecidos.
Unos mutilados y otros semienterrados prácticamente a flor de tierra. Eso todo mundo lo sabe.
El propio Colectivo “Solecito” en brigadas familiares, ha descubierto decenas de fosas clandestinas. Otros grupos humanitarios nacionales e internacionales se han sumado a la búsqueda. Esas y otras más son razones suficientes para que no lo dejen ir.
Si lo liberan se va a pelar.
¿Sabe cómo? No pocos están ciertos que Bermúdez fue quien le organizó a Duarte toda la logística de escape con tecnología de punta para que no fuera rastreado: teléfonos satelitales, casas de seguridad, contactos dentro de los gobiernos federal y estatal y el personal de seguridad –de sus empresas- que resguarda la integridad de Duarte las 24 horas. Están entrenados para matar o morir, amén que son como tumbas.
Bermúdez no debe salir porque además una torpeza legal tambalearía al mismo gobierno.
Los apresuramientos de sus novatos abogados – y que no nos vengan con la independencia de la Fiscalía General- pueden dar lugar a lo que sucedió recientemente en Nuevo León.
Y va de cuento.
El pasado 26 de enero, ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz fue puesto en libertad luego de 17 horas preso a pesar de que sobre él pesaban acusaciones por millonarios desvíos de recursos públicos.
Abandonó el Penal del Topo Chico gritando su inocencia “¡Fui encarcelado de manera injusta!”
Acusado de peculado por más de tres mil millones de pesos, lavado de dinero, tráfico de influencia y una docena más de linduras fue puesto en libertad al filtrar el gobierno de “El Bronco” la ficha de reclusión.
Su fotografía vestido de recluso distribuida a los medios de comunicación por el propio gobierno fue el punto de quiebre, el argumento jurídico que necesitaban sus abogados –estos sí expertos en el nuevo sistema de justicia penal- para ponerlo en libertad.
El otro elemento fue la acusación por “enriquecimiento inexplicable” que no amerita cárcel.
“Eso nunca debió de haber sido”, declaró el pobre angelito al trasponer las rejas del reclusorio 10 minutos antes de las 11 de la noche de ese jueves 26 día en que se derrumbaba estrepitosamente el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, alias el “Bronco”, quien fincó su arribo a la gubernatura en la promesa de llevar a prisión a su antecesor y toda la bola de corruptos que gobernaron un infausto sexenio.
Fracasó.
El pillo de siete suelas quedaba como víctima, como blanca paloma abusada por una torpe autoridad ministerial, mientras “El Bronco”, el gobernador de la esperanza, el del cambio, el que quiso ser presidente de la república y heredar el poder a sus hijos, entraba al escenario del repudio popular.
Ya no ven la hora que se vaya, aunque aún le faltan cinco años.
“Mis derechos fueron violados por el Juez de Control que determinó mi reclusión preventiva pues tenía una suspensión provisional que fue ignorada”, dijo a Loret, Rodrigo. ¡Vaya ternura!
“Se nos dio la condición de arraigo para pasar al Penal del Topo Chico y finalmente una juez federal ratificó que esa suspensión está vigente. Es una injusticia que perjudica mi imagen… y luego mi foto con vestimenta de reo”, dijo.
Hasta antes de la foto la imagen del ex mandatario era la de un corrupto, la imagen de un saqueador del erario público, la imagen de quien dejó en bancarrota a Nuevo León, la imagen de quien ahora se ve lesionado por el qué dirán…
“No voy a huir del país y aseguró que seguirá cumpliendo con los requerimientos que le hagan las autoridades; regresaré a la política”, dice este pobre diablo quien se acusa violentado en sus más elementales derechos.
Atrás de todo el descrédito está su inepto Fiscal Anticorrupción, Ernesto Canales Santos, quien con un “¡Usted disculpe, señor gobernador!” pretende justificarse prometiendo al mismo tiempo regresar a prisión al ex y “¡Aplicarle todo el peso de la ley!
El gobierno de Miguel Ángel Yunes se mueve en una circunstancia parecida. Transita en el juego político de un acierto, un error.
¡Cuidado!
Tiempo al tiempo.
*Premio Nacional de Periodismo |
