Miguel Ángel Yunes Linares dijo que “le daba risa” que hubiera abogados que aseguraran que Arturo Bermúdez Zurita -quien fuera secretario de Seguridad Pública en la administración de Javier Duarte- habría de abandonar la cárcel en las próximas horas.
Lo que le provocaba risa al gobernador era que “quien se los dice (a los reporteros) se los dice desde que fue detenido”.
Y mira: ¡Esos abogados tenían razón!
El juzgado 15 de Distrito le concedió el amparo y ordenó la inmediata liberación de Arturo Bermúdez.
Fueron por lo menos dos especialistas los que aseguraron que Bermúdez Zurita debería seguir en libertad los procesos en su contra. Uno de ellos, su abogado defensor (y por cosas del destino, representante legal en casos especialmente complicados) Fidel Ordóñez, quien advirtió que contra su representado se habían violado sus derechos humanos, lo mismo que sus garantías constitucionales.
El otro, Francisco Ramírez Llaca, presidente del Colegio de Abogados en Veracruz.
Y es que no había argumentos jurídicos válidos para mantener encerrado a Arturo Bermúdez.
Lo deja muy claro el Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales: “Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código”.
Esto quiere decir que al exsecretario de Seguridad Pública se le debe tratar como una persona inocente de los cargos que se le imputan, mientras cualquiera de los jueces que llevan las causas en su contra no hayan dictado sentencia.
El Artículo 167 de ese mismo ordenamiento legal, advierte, en su primer párrafo, que el Ministerio Público “sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código”.
No era el caso de Bermúdez Zurita, a quien la Fiscalía General del Estado le abrió dos carpetas de investigación. En la primera, lo acusó de tráfico de influencias y abuso de autoridad. En ese caso la juez de control, Estrella Iglesias Gutiérrez, determinó la vinculación a proceso, le fijó una fianza para que continuara el proceso en libertad y le prohibió salir del país.
En el segundo caso, en el que fue acusado por enriquecimiento ilícito, la juez de control Verónica Portilla Suazo también dictó auto de vinculación a proceso al exsecretario de Seguridad Pública, pero además determinó como medida cautelar la prisión preventiva por ocho meses dentro del penal de Pacho Viejo.
La defensa de inmediato reclamó y sus argumentos fueron sólidos:
El delito de enriquecimiento ilícito no está incluido entre los que ameritan “prisión preventiva oficiosa” (delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud).
Tampoco era válido que la Fiscalía solicitara la prisión, pues en todas sus actuaciones judiciales Arturo Bermúdez ha asistido puntualmente, nunca ha obstaculizado las investigaciones en su contra, además de que no hay víctimas, testigos o miembros de la comunidad que requiera ser protegidos del imputado.
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña, se lavó las manos. Aclaró que con el nuevo sistema penal “la aplicación de la ley es criterio de los jueces”. Dijo que habrían de esperar la resolución del amparo tramitado ante la justicia federal.
Ahora ya conoce dicha resolución. Ahora quizá el tema ya no le cause la misma risa al gobernador.
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Epílogo.
Para el PRI en Veracruz, los procesos judiciales en contra de priistas que ocuparon cargos durante las administraciones de Fidel Herrera y Javier Duarte “no están en la agenda”. Renato Alarcón fue claro en ese sentido. El nuevo gobierno estatal está en su derecho de proceder judicialmente contra quienes considere que cometieron actos ilícitos, y éstos deberán tener la oportunidad de defenderse ante las instancias legales que corresponda. No hay más, no se debe hacer un circo de estos temas. *** Ante la propuesta de la bancada del PAN, de adelantar la fecha para votar la reestructuración de la deuda de la entidad, el coordinador del grupo “Juntos por Veracruz”, Fernando Kuri, expresó su rechazo pues se carece de la información necesaria para analizarla. Su postura fue secundada por Morena y el PRI, por lo que la propuesta panista no alcanzó los votos necesarios para ser aprobada. Otro tropezón para Sergio Hernández. *** Miguel Ángel Yunes Linares confirmó que apareció otra bolsa con restos humanos en Cosamaloapan; dijo que todo esto es resultado de los enfrentamientos entre bandas criminales. - ¿No está criminalizando a las víctimas? le preguntó un reportero. Yunes Linares se defendió y dijo que hay “una presunción fundada”. Alguien le debe explicar que si señala a una persona como delincuente a partir de una “presunción”, por más “fundada” que esté su tesis, está incurriendo en la criminalización de la víctima. Él debe saberlo muy bien, pues en su momento de eso acusó a Javier Duarte. *** Para quienes esperaban un atractivo espectáculo con el desafuero y la detención del diputado federal por Cosamaloapan, todo parece indicar que el asunto va para largo. El periodista Joaquín López Dóriga ya anticipó que habrá que esperar: “Desafuero. Que no hay prisa para el desafuero del diputado federal priista por Veracruz, Antonio Tarek Abdala, ex tesorero de Javier Duarte. Dice el presidente de la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados, Juan Pablo Piña, que no habrá ‘fast track’, hay hasta seis meses. Lo acusan de cinco delitos y desvío de 23 mil millones de pesos”. Ni hablar, los tiempos de la justicia no son, ni de chiste, los tiempos de nuestros legisladores.
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