“Mi hija Mónica, luego de ser abusada fue tan brutalmente golpeada que le destrozaron algunos órganos; presentaba cortadas en la cara y lesiones en las piernas, y un golpe en la cabeza que terminó con su vida”, relata.
“Después del ultraje fue arrojada a un arroyo en Cerro Azul, totalmente desnuda donde fue encontrada días después. Su pequeña hija, mi nieta, apareció ocho días después tirada en el atrio de una iglesia San José de la Montaña, en Naranjos, luego que se emitió la Alerta Amber”.
El 10 de octubre de ese 2014, Casian fue detenido en Cerro Azul por la policía ministerial no sin antes ofrecer resistencia y desatar en compañía de su padre Eduardo Ruiz Morales una balacera en plena calle.
Casian Eduardo Morales, ya en prisión en Tuxpan, resultó un verdadero pájaro de cuenta al descubrirse una serie de denuncias en su contra por asalto, golpes, portación ilegal de armas, integrados en la causa penal 33/2014 donde se le imputa el feminicidio.
Casian es considerado como una persona de alta peligrosidad, que sufre de misoginia y en prisión está en permanente agresión contra custodios y reos pero no puede ser confinado a lugares de castigo ya que paga fuertes sumas por permanecer en sitios de privilegio.
Para Clara Elizabeth Ponce Dorantes el viacrucis, después del asesinato de su hija, no es la reclusión del homicida, sino el constante acoso de la familia del agresor, las amenazas, los amparos para ponerlo en libertad y la presunta compra de jueces de parte del tío Daniel Ruiz Morales, quien se niega a hablar del caso a petición de este reportero por interpósita persona, colaboradora cercana.
“Este sujeto es sobrino del magistrado anteriormente electoral de nombre Daniel Ruiz Morales, mismo que el propio padre de Casian presume en las audiencias burlándose de que su hijo va a salir libre ya que su familiar, el magistrado Daniel Ruiz Morales lo estaba apoyando para que lo dejaran en libertad”, le escribe en extensa misiva al gobernador Clara Elizabeth Ponce Dorantes, misma que fue recibida y sellada por Edwin Tapia, de la secretaría particular con fecha 1 de marzo del 2017.
Ante ello el Juez Octavo de Distrito, con residencia en Tuxpan, que lleva el caso no se ha sentido intimidado.
“Como usted podrá darse cuenta, señor gobernador, ha aprovechado demasiado bien su puesto este magistrado Daniel Ruíz Morales para acomodar a toda su familia y ahora él se encuentra trabajando dentro del Poder Judicial del estado en la ciudad de Xalapa”.
A la fecha le han otorgado dos amparos a Casian los cuales se han ido a revisión al segundo Tribunal del Colegiado en materia penal de Boca del Río, donde el magistrado –según Clara Elizabeth- goza de influencias y espera prosperen gracias a la simpatía manifiesta del juez Esteban Landa García.
“Es por ello que estoy pidiendo la intervención del magistrado presidente Edel Álvarez Peña, ya que llevo dos años luchando en este proceso y enfrentándome a demasiada corrupción que existe dentro del poder de justicia en los juzgados, en las fiscalías y en el mismo poder judicial en donde se encuentran personas que por ayudar a los familiares defienden a delincuentes”, denuncia Clara Elizabeth Ponce Dorantes.
Copia de la carta al gobernador entregó a este reportero en propia mano Mónica Sosa Ponce, madre de la víctima. Luego se sucedió una entrevista con este reportero en el café “Don Justo”, atrás de Palacio de Gobierno, en donde a leguas se notaba –con llanto y repetidas muestras de preocupación- el coraje por el pretendido abuso de autoridad del magistrado Daniel Ruiz.
Este fin de semana se resuelve la situación del presunto homicida y en caso de salir libre Mónica y su familia tendrán que huir de Cerro Azul y Naranjos, donde está avecindada toda su familia ya que están sentenciados a muerte por Eduardo, padre de Casian.
Aún es tiempo de que se aclaren paradas antes de que la sangre regrese al río.
Tiempo al tiempo.
*Premio Nacional de Periodismo |
