Aquí, las leyes electorales deben ser más rígidas y evitar que los candidatos descalifiquen al contrincante, pero, sobre todo, que, para ser abanderados a un puesto de elección popular, cuente, de manera indispensable, con un programa de gobierno.
Con qué calidad moral un funcionario púbico puede exigir a los proveedores del gobierno una licitación para una obra si ellos mismos improvisan la creación de obras sobre la marcha.
Es decir, si el candidato a una presidencia municipal, o una sindicatura no cuenta con un proyecto a desarrollar las funciones por las que compite, pues entonces no tiene derecho a competir.
No se puede que se evalúe la viabilidad del proyecto como tal, pero que se realice un programa de gobierno que sea congruente con la realidad del territorio que se gobernará.
Si hubiera programa de gobiernos como exigencia para concursar por un puesto de elección popular se terminarían las descalificaciones de los contrincantes de los demás partidos.
En este momento hay personajes que están en boca de sus contrincantes como si se tratara de un exorcismo. Tal es el caso del líder nacional de Morena, quien bien podría dejar de aparecer en público y sus contrincantes seguirían hablando de él, de sus de defectos y virtudes reales e imaginarias.
En cambio, con un programa de gobierno como condición esencial para concursar por un puesto de elección popular, el candidato se dedicaría a defender su proyecto y no a denostar a quien considera que pude ganar en las urnas y dejarlo en la banca.
Las leyes electorales parecieran tener partidos favorecidos y desfavorecidos. No hay, en este momento, un solo consejero electoral que no tenga nexos con algún partido político. Esta parcialidad en el juego democrático del país echa por la borda diferentes intenciones de fortalecer nuestro sistema político; sin embrago, poco puede avanzarse con el lastre de quienes debiendo ser imparciales, muestran simpatías por un partido político sistemáticamente.
Estos son los lastres que impiden que la democracia en México se consolide y es la razón fundamental para que la población acuda en masa a las urnas. Porque vemos que el número de abstencionistas crece sin importar si se trata de elecciones presidenciales o intermedias. Simplemente los electores se alejan de las urnas, pero este alejamiento exige de una lectura, porque el silencio y la pasividad es también una postura en un país donde hasta la abstención tiene su razón de ser.
El silencio es también una expresión que debe ser interpretada, no es sólo ausencia de palabras sino un indicador de que las cosas como están no están bien.
Ante esta perspectiva, el 4 de junio debe haber una actitud nueva en los candidatos, en los partidos, en las autoridades electorales y en los electores, de otra manera, los liderazgos, producto del triunfo electoral, carecerán de legitimidad.
A unas horas de iniciar las campañas electorales el discurso de los candidatos carece de programa de gobierno y se satura de descalificaciones para sus contrincantes, en una falta de respeto total, no sólo contra sus competidores sino contra la inteligencia de los electores.
Así, desde una panorámica suficientemente clara para la población, son los candidatos quienes enrarecen el clima y tergiversan una realidad que debe ser conocida por todos desde antes del inicio de las tareas de proselitismo.
Es decir, la información veraz sobre la vida y milagros de los candidatos debe ser patrimonio de la sociedad mexicana, de tal suerte que ningún candidato pueda inventar virtudes o defectos que sólo surgen de la necesidad descalificar al contrincante días antes de las elecciones.
Hay partidos políticos que intentan esconder los defectos de sus funcionarios públicos, otros que encubren a sus ex gobernadores y a sus funcionarios públicos en activo.
Si hubiera justicia para los delincuentes de cuello blanco, el voto de castigo no existiría. Porque ese tipo de sufragio es precisamente el que se emite en nombre de una justicia que no existe ni en lo político, ni en lo legislativo ni en lo judicial. No hay castigo para los políticos corruptos en el ámbito penal, pero si lo hay en lo electoral. Ese voto de castigo tergiversa la voluntad popular y lo convierte en sanción, pero no en esperanza. Lo usa como juicio, pero no como proyecto. Esto extravía la intención democrática de las elecciones y las convierte en una especie de comparecencia de los delincuentes y sus partidos ante un ministerio público capaz de votar contra el partido y sus militantes que no fueron castigados.
Así, toda región, área, estado, municipio, bien puede convertirse en botín político si estas condiciones no se regulan con una norma sana e imparcial. Los espacios electorales son montos de dinero que se destinan a unos cuantos. Cómo no pensar en que existan los botines políticos si vemos que hay cientos de funcionarios corruptos sin castigo.
Habrá partidos para los que se necesite ser más valientes para concursar por un puesto, otros en los que se participe con la certeza de que no ganarán y otros más con la confianza de que ganarán. Pero los triunfos electorales no deben ser pronósticos o quinielas, sino una respuesta espontánea y consciente de la sociedad.
A unas horas de que las campañas inicien oficialmente con miras a la transformación de tres gubernaturas y los 212 municipios de Veracruz, pareciera que no hay cambios en la manera de convocar al voto por parte de la autoridad electoral, esto es muy grave, porque una vez conocidos los resultados de los comicios, el INE tendrá que realizar cambios, pero los hará de acuerdo con un nuevo mapa electoral, político y partidista, lo cual se convierte en un verdadero peligro para la democracia y en una ventaja para los partidos y candidatos que los consejeros electorales consideren pertinentes favorecer. Porque el peligro para México no son los candidatos que puedan ganar sino la falta de imparcialidad con la que los resultados electorales se cuenten y la forma en que se den a conocer… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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