En Veracruz, ser periodista está considerado como una actividad altamente peligrosa. Informar se ha convertido en agravante y justificación para quienes mantienen el poder, –en la narcopolítica- quienes no tienen limitación para proceder de la manera más cobarde al ejecutar ataques en contra de los comunicadores. Con la impunidad a favor, estos delincuentes de “etiqueta” al ver lastimados sus intereses que le proporcionan sus negocios turbios, no se detienen en proceder contra la integridad de quienes evidencian a través de su pluma todas y cada una de sus tropelías.

En el estado de Veracruz, en la actualidad, el periodista se encuentra en medio de dos fuegos políticos. El de las administraciones anteriores –el del tío Fide y su hijo putativo- con el actual gobierno. Al parecer, la consigna es meterle el pie a Miguel Ángel Yunes Linares y con ello, intentar demostrar que no tiene las herramientas para gobernar. Mientras que en su lucha del poder, el periodista es el objetivo de sus más aberrantes estrategias políticas.

El ataque mortal a Ricardo Monlui Cabrera, periodista de la ciudad de Córdoba el pasado domingo 19 de marzo y 10 días después, la agresión a Armando Arrieta Granados, jefe de Redacción del periódico La Opinión de Poza Rica -quién se debate entre la vida y la muerte- confirma las cobardes estrategias políticas. Es importante recordar que un 08 de abril del 2005, el director general y propietario de dicho periódico, Raúl Gibb Guerrero, fue emboscado y acribillado de 13 balazos provenientes de armas de alto calibre por sujetos, en carretera Papantla en la administración de Fidel Herrera Beltrán. Su vínculo estrecho con Yunes Linares fue un aliciente para su ejecución.

Curiosamente ocho meses después –para ser precisos el 1 de diciembre del 2015- en una rueda de prensa ante medios de comunicación, cuando en ese entonces, Miguel Ángel Yunes Linares era diputado federal, el legislador expuso:

La Opinión de Poza Rica

http://sociedadtrespuntocero.com/2015/12/achacan-muerte-de-director-de-la-opinion-a-fidel-herrera/

“Fidel Herrera Beltrán está obligado a comparecer ante la PGR en el caso Raúl Gibb Guerrero, porque siendo gobernador, mediante millonaria suma en dólares permitió la entrada a Veracruz de los que victimaron al que fuera director del diario La Opinión”. “Leí el periódico La Opinión -dice el diputado federal- y me enteré que se está reabriendo el expediente y celebro que la Procuraduría General de la República lo haga: A Raúl Gibb le tuve un gran cariño y hubo una gran relación amistosa más allá de lo político y lo periodístico -

Manifiesta el actual presidente de Seguridad de la Cámara de Diputados que pocos días antes de su muerte- (…) Me llamó y platicamos en la ciudad de México; yo era secretario de seguridad y en esa cena me confesó su profunda preocupación de que se sentía en riesgo porque había asumido, desde La Opinión, una denuncia muy firme contra Fidel Herrera, así como el daño que éste como gobernador le estaba haciendo a la sociedad; le ofrecí escoltas de seguridad; no quiso (…) Sostengo que llamen a declarar a Fidel Herrera , no sólo porque en ese entonces era gobernador (8 de abril del año 2005) sino porque, tengo copias del expediente para probarlo, un testigo protegido declaró en la Corte de Austin, Texas, EE UU, que Fidel Herrera recibió 12 millones de dólares para que diera puerta abierta en Veracruz a los delincuentes que mucho tuvieron que ver con en ese crimen ocurrido en abril del 2005”

Mientras el portal de noticias Sociedad Punto Cero puntualizaba:

“Las afirmaciones del diputado federal Miguel Ángel Yunes Linares, vienen a fortalecer la investigación sobre el complot político que se encargó de victimar a quien fuera destacado director del medio periodístico más importante de la zona norte de Veracruz, y en el cual participaron algunas personas que ya están muertas, otras ya no ostentan el poder con el que tanto daño hicieron a la sociedad y otras más que ahora residen allende la frontera y que hasta el momento han evadido la acción de la justicia (…) El homicidio de Raúl Gibb Guerrero, no ha prescrito, pues de acuerdo a la Ley para que eso ocurra se saca el término medio entre la sentencia máxima y la mínima y como se trata de un homicidio calificado con características muy graves, faltan más de 20 años para que esto ocurra pero muy pronto, de acuerdo a nuevas evidencias, podrían caer a la cárcel los integrantes del complot para cometer el primer crimen de un periodista en 1985 en Veracruz, concretamente en la persona de Raúl Gibb Guerrero y que ocurrió cuando La Opinión publicaba severas pero bien sustentadas críticas al gobierno del entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán”.

¿Un medio de comunicación filial del gobierno yunista atacado? Indudablemente se puede sospechar sobre un complot político. Se puede también analizar el contexto y hacerse la pregunta del millón ¿Quiénes están realmente enojados con Yunes Linares por estar metiendo a la cárcel a ex funcionarios duartistas? ¿Qué fibra le puede tambalear el gobierno de “transición” y para argumentar que en su bienio también se mataron periodistas? ¿A quiénes les conviene desestabilizar su pretensión de gobernar al Partido Acción Nacional la mayoría de los municipios del estado?

Indudablemente muchas preguntas se desprenden de este cobarde hecho en contra del periodismo veracruzano, a quienes están convirtiendo en objetivos centrales para atacar a un gobierno. Ahora esperemos que de parte del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares tenga la convicción de presionar a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) contralada por la Procuraduría General de la República, para exigir el esclarecimiento del asesinato de Ricardo Monlui Cabrera y la agresión perpetrada en contra de Armando Arrieta Granados y que la impunidad no vaya a la alza como los 19 casos de asesinatos y el sinnúmero de agresiones en contra de la prensa veracruzana en la administración de Javier Duarte de Ochoa.

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