¡Todo era mentira!
Fue un embuste lo que Miguel Ángel Yunes Linares les planteó a los legisladores en el mes de diciembre del 2016, para que le concedieran una prórroga y replantear el presupuesto de egresos del 2017, pues aseguraba que el aprobado -producto de una propuesta del exgobernador interino, hoy vinculado a proceso, Flavino Ríos Alvarado- no se apegaba a la realidad, ya que no consideraba los 22 mil millones de pesos que, aseguraba Yunes Linares, presentaban las finanzas estatales.
Además, dijo, necesitaba que dicho presupuesto se apegara al Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018.
En aquella ocasión, el último día del 2016, en este mismo espacio se advirtió sobre lo conseguido por Miguel Ángel Yunes Linares: “El voto de confianza al que tenía derecho ya lo agotó. Compró con él la aprobación de un Fiscal General a modo y la posibilidad de hacer ajustes a su presupuesto en los próximos tres meses”.
El artículo quinto transitorio del presupuesto de egresos establece: “El Poder Ejecutivo del Estado, en un plazo que no excederá de noventa días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberá presentar ante el H. Congreso del Estado una propuesta de ajustes a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2017”.
Esta semana se venció ese plazo de 90 días y lo único que envió Yunes Linares fue un oficio en el que se señala que “se ejercerá el presupuesto aprobado el pasado mes de diciembre por la Legislatura”, aunque se anticipa que “durante el año se harán los ajustes que sean necesarios, mismos que se notificarán puntualmente a esta Soberanía, en atención a las disposiciones legales que nuestro Estado contempla”.
¿Para qué sirvieron, entonces, estos tres meses?
¿Se ejercerá el presupuesto aprobado, o se harán ajustes?
Durante su reunión con los legisladores, el 28 de diciembre del 2016 (casualmente, el Día de los Inocentes) Miguel Ángel Yunes anunció cinco líneas de acción durante su mandato: Transparentar y manejar con honestidad los recursos públicos; ajustar “drásticamente” (así lo dijo) al gasto corriente del estado sin afectar programas sociales; reestructurar y refinanciar la deuda para distribuirla a largo plazo; revisar y validar los pasivos de corto plazo, e iniciar el proceso de recuperación de los bienes sustraídos.
Está claro que entrados ya en el quinto mes de su administración, Yunes Linares no ha cumplido, ni de cerca, ninguno de esos puntos.
El tema de la transparencia queda en evidencia con el quinto punto. Es la fecha en la que no se ha informado cuánto ha recuperado su administración de lo que presuntamente fue sustraído en forma ilegal por servidores públicos de la pasada administración.
El “drástico” recorte tampoco existe, pues el propio gobernador en su misiva al Congreso anuncia que habrá de ejercer el presupuesto aprobado en diciembre del 2016. Sobre los pasivos de corto plazo, valga decir que siguen sin ser pagados.
El Presidente de la Comisión de Hacienda del Estado, Sergio Rodríguez, fue más allá en busca de las respuestas que no encontró en el oficio enviado por el Jefe del Ejecutivo.
Se apegó a la plática que la semana pasada les dio la titular de Finanzas del Estado, Clementina Guerrero, en la que informó que habría ajustes al gasto del orden de mil 200 millones de pesos, lo que significa apenas el 5.45 por ciento del déficit que tanto ha anunciado Yunes Linares. (El diputado, erróneamente, comentó que equivalía al 3.85 % de los 22 mil millones de pesos).
Sergio Rodríguez anunció que desde la Comisión que él preside se haría una propuesta que elevara el ajuste presupuestal hasta los 2 mil 200 millones de pesos, esto es, el 10 por ciento del supuesto déficit.
Lo que los legisladores deben dejar muy claro es que no son, de ninguna manera, subordinados del Ejecutivo, que el gobernador no puede ignorar un ordenamiento legal, como es el Decreto emitido por la Legislatura y publicado en la Gaceta Oficial, en el que se le daba un plazo de 90 días para hacer los ajustes pertinentes al presupuesto del 2017, no para que los hiciera “en el transcurso del año”.
Si el gobernador, sobrado de tiempo como cree estar, decide tirar por la borda los 90 días de prórroga y retornar al punto de arranque (el presupuesto propuesto por Flavino Ríos) significa que no tiene la menor intención de reducir “drásticamente” el gasto corriente.
El déficit que, dice Yunes Linares, presentan las finanzas de Veracruz, representa más del 20 % del presupuesto total del Estado. El ajuste planteado por Clementina Guerrero apenas significa el uno por ciento de dicho presupuesto.
¿Dónde está el drástico recorte al gasto?
Yunes Linares menciona en su documento que en lo que va de su administración se han realizado “importantes acciones y esfuerzos recaudatorios y de control presupuestal”.
No es cierto. Cuando se refiere a “ajustes al gasto operativo de las dependencias”, o cuando habla de “reducir los arrendamientos y restringir la transportación aérea”, pretende darles “atole con el dedo” a los veracruzanos.
Ya en este mismo espacio se comentó que los supuestos ajustes al gasto no son otra cosa que una lista de buenos deseos, y que el propio gobernador le ha encontrado un especial gusto a trasladarse en las naves aéreas del estado, esas que –dijo- estaban inservibles.
Cabe recordar que el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Julen Rementería, fue sorprendido utilizando un helicóptero del gobierno estatal para sostener reuniones con grupos de panistas que se disputaban posiciones rumbo a la contienda municipal.
Y todavía tienen la cara dura de “exhortar a los Poderes, a los ayuntamientos y a los organismos autónomos, a realizar acciones de control y ajuste presupuestal”.
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Epílogo.
Este miércoles a las 11 de la mañana, en la sala de juntas de la delegación del ISSSTE, en sesión privada de la Junta Directiva, rendirá protesta Elizabeth Morales García como nueva delegada. *** Una lección para nuestras “eficientes” corporaciones policiacas: Un operativo de “inteligencia” de la policía de Puebla permitió la captura de “El Buchanans”, líder de un cártel dedicado a la ordeña de ductos de gasolina, que operaba en límites de Veracruz y Puebla. Al momento de su captura a “El Buchanans” (que durante un tiempo fue comandante de la policía municipal de Maltrata, Veracruz) le confiscaron pistola escuadra, un rifle A.K -47, 15 mil 275 cartuchos útiles, 900 litros de gasolina, una camioneta de redilas y una camioneta modelo Ford de lujo, modelo 2017. “El Buchanans” forma parte del cártel de Los Zetas y se le atribuye responsabilidad de la violencia que se ha desatado en lo que se conoce como el Triángulo Rojo de Puebla. A él se atribuye el secuestro y la ejecución de tres policías ministeriales de Puebla, que aparecieron abandonados en la batea de una camioneta cargada con zacate en el municipio de Maltrata.
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