En un mundo globalizado en donde todo cuanto ocurre da la vuelta al mundo en un instante, la calificación de México como el país más peligroso para periodistas en América Latina y quinto a nivel mundial, se complementa con el lamentable dato de que a nivel nacional, Veracruz es la entidad de mayor peligrosidad para el ejercicio del oficio informativo. Las cifras no dejan lugar a dudas.

El su informe “Veracruz: los periodistas frente al Estado de miedo” la organización internacional Reporteros sin Frontera dio a conocer el pasado febrero, cifras alarmantes sobre periodistas desaparecidos, secuestrados, torturados y asesinados en territorio veracruzano en los últimos años, cifras que muestran la ineficacia de los numerosos mecanismos de protección a periodistas que existen en el país.

El informe es fruto de una misión que Reporteros sin Fronteras (RSF) realizó en México en junio de 2016, en la cual se puso en contacto con periodistas de la región, ONG e instituciones locales y federales encargadas de la defensa de la libertad de prensa en México.

El informe destaca que entre 2000 y 2016, se registraron 99 casos de periodistas asesinados en México de los cuales, 20% ocurrieron en Veracruz. Las cifras de agresiones y desapariciones también son numerosas y la estela de impunidad en torno a estos crímenes es flagrante. El informe da voz a los reporteros locales, que explican a RSF las dificultades que enfrentan día a día, entre la autocensura y el exilio. Asimismo, las familias de las víctimas hablan sobre las batallas legales que han emprendido, en vano, para que se haga justicia.

En Veracruz, concluye el informe de RSF, el 100% de los crímenes permanecen impunes; no se ha esclarecido ninguno y consecuentemente, la justicia no ha condenado a nadie. A este respecto, las cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) prácticamente coincide: 90% de los asesinatos a periodistas permanece en la impunidad, porcentaje que alcanza 100% cuando se trata de casos de desaparición o ataques a medios de comunicación.

El reciente estudio del Senado de la Republica sobre Riesgos a Periodistas en México, arroja nuevas luces sobre este fenómeno delictivo, revelando cuatro factores de riesgo que están provocando que la criminalidad a periodistas lejos de acotarse siga creciendo: Las amenazas del crimen organizado;  la falta de control y protocolos de actuación del Ejército y cuerpos policiales; la falta de coordinación entre las autoridades federales y estatales, y la falta de precisión en la Ley del derecho de réplica.

De forma coincidente, colectivos mexicanos de protección a los periodistas y las representaciones en nuestro país de organizaciones internacionales en defensa de la libertad de expresión, indican que, de los 73 casos de periodistas mexicanos asesinados entre 1992 y 2013,   73% son imputables a grupos criminales; 8% a militares; 4% a funcionarios gubernamentales; 8% a “residentes locales” y un 8% son de filiación desconocida. Asimismo, identifican el número de víctimas por su rango laboral, estableciendo que, 40% ocupaban cargos de reporteros, 17% cargos de dirección, 16% eran fotorreporteros, 12% eran locutores, 8% columnistas y 7% jefes de redacción.

Ante este escenario alarmante, las autoridades de los tres poderes y los tres niveles de gobierno, tendrían que coordinarse para hacer más efectivos los diversos mecanismos de protección de periodistas, el resto es aplicar la ley y sancionar las agresiones de donde provengan, sean cárteles, funcionarios públicos o gobiernos estatales. La negligencia del poder público en materia de libertad de expresión, no se limita al miedo del gremio periodístico nacional, tiene efectos colaterales de gran calado.

El reciente asesinato de la periodista Miroslava Breach en el Estado de Coahuila, quien investigaba en torno a la colusión del gobierno estatal saliente y el crimen organizado, ha sido un eslabón más en la cruenta imagen de corrupción y barbarie que se tiene de México en el mundo. Una imagen que nos descalifica como interlocutor para la diversificación de nuestro mercado que tanto nos urge, o para el potencial arribo a nuestro país de inversiones extranjeras generadoras de empleo. Un gobierno que no garantiza la aplicación de la ley no es un socio confiable para nadie.   

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