Ese mismo día por la mañana Gibb viajó a Martínez de la Torre para revisar la edición especial del diario “La Opinión de Nautla” que al día siguiente vería por primera vez la luz pública paradójicamente llevando como nota principal su homicidio.
El empresario periodístico salía satisfecho tras verificar la publicación al día siguiente de su flamante diario. Conduce su camioneta blanca, placas XS 98282, para dirigirse a su domicilio ubicado en Papantla, pero a la entrada del rancho San Antonio era esperado por sus victimarios en una camioneta roja y un automóvil Tsuru. Cuando lo vieron pasar, los homicidas emparejaron sus vehículos y desde ahí le dispararon. Luego huyeron en los mismos.
El periodista de 53 años falleció instantáneamente, pues la mayoría de los disparos fueron contra la cabeza; su camioneta se salió del camino y quedó semivolcada.
Era 8 de abril del 2005.
De días atrás Gibb había recibido advertencias de muerte que desdeñó. Se supo incluso de repetidas amenazas del empresario petrolero ligado al narcotráfico Pancho Colorado. El gobierno de Fidel Herrera jamás abriría la boca. Es más, Fidel se ostentaría de su amistad con Pancho y participaría en varias cabalgatas como invitado especial.
Ya para el mandato de Javier Duarte y con el supuesto de que la PGR era responsable de la indagación, se dio carpetazo estatal al asunto.
Sin embargo, serias sospechas despertaría aquel mensaje del 30 de junio del 2015 con el “Pórtense bien, todos sabemos quiénes andan en malos pasos, todos sabemos quiénes tienen vínculos y quiénes están metidos con el hampa, pero (eso) sólo afectarán a los reporteros que tienen una vinculación con grupos criminales”.
Un día después sería asesinado en la Ciudad de México el fotorreportero Rubén Espinosa, sin vínculos con el narco. Un año más tarde, el sábado 14 de mayo, un pistolero asesina al periodista pozarricense Manuel Torres, sin vínculos con el crimen organizado.
Sería el decimoctavo reportero asesinado en el estado desde que empezó el mandato de Duarte en una sumatoria que al 2017 llegaría a 21 periodistas, el 99 por ciento criminalizados.
Pero regresando a nuestra historia inicial.
Un día después del artero crimen de Raúl Gibb, el entonces gobernador Fidel Herrera se comprometería ante la familia del occiso y los medios de comunicación a que el delito sería resulto. Nunca sucedió.
El caso entró al olvido estatal, no así para la PGR que el 14 de septiembre del 2006 informaría que luego de llamar a declarar a 300 personas y 235 dictámenes periciales “familiares directos de la familia (un tío y un primo) estarían involucrados”, así como un tal “Martín Rojas”.
Al paso de los años se conocerían asimismo serias disputas familiares, temas de dinero y exigencias al propio Gibb de reparto de acciones.
El 19 de diciembre del 2015, Editorial Gibb, responsable de la publicación del periódico La Opinión, sumó una crisis más con el pleito familiar que terminó con la destitución de su director general, Gonzalo Hernández Gibb.
El diferendo alcanzó su punto más álgido cuando Raúl Gibb Barra, hijo del extinto, Raúl Gibb Guerrero, presentó una denuncia penal contra Gonzalo Hernández Gibb, a quien acusa de golpearlo y haberlo amenazado de muerte en las instalaciones del periódico La Opinión.
Esto originó que se celebrara una sesión del Consejo Administrativo de Editorial Gibb, en la que participaron sus accionistas: Silvia Gibb Guerrero, Norma Gibb Guerrero, Raúl Gibb Barra, Carlos Gibb Barra, Margarita Gibb Guerrero y el propio Gonzalo Hernández Gibb, quien fue destituido del cargo de Director General.
Gonzalo Hernández Gibb asumió la Dirección General de La Opinión a la salida de la señora Norma Gibb Guerrero, quien dimitió a causa de un problema de salud.
Recientemente según se conoció, ya había diferencias entre los dueños de la empresa sobre la línea editorial del Diario, pues entre líneas sobre el caso Raúl Gibb, se insinuó la posible participación de un familiar cercano en el crimen, producto de un complot, citándose fuentes de la PGR.
Grabaciones internas de la redacción hablan de amenazas de muerte proferidas por Gonzalo Hernández Gibb a su primo hermano Raúl Gibb Barra, heredero del consorcio periodístico de su padre.
El tema de fondo que envolvía al diario La Opinión, de Poza Rica, sin embargo, de nuevo cobraría relevancia al conocerse el pasado 29 de marzo el atentado contra su jefe de redacción Armando Arrieta de 51 años. A quemarropa fue baleado cuando llegaba a su domicilio en Poza Rica. Recibió cuatro impactos de bala quedando gravemente herido.
Armando Arrieta, periodista profesional y leal al periódico, una vez que recobre la salud difícilmente podrá reincorporarse, incluso vivir en Poza Rica, ya que él sí sabe cómo está el entramado familiar y las supuestas o reales amenazas de muerte en su contra de parte del aspirante panperredista a la alcaldía, Cesar Ulises Rivera Garza.
Rivera Garza, alias “El Lobo”, es un expriista que guardó estrecha relación con el gobernador Javier Duarte, pero que hoy es protegido por los Yunes azules luego de filtrar información sobre medicinas apócrifas para “niños con cáncer”
Bajo el seudónimo “Pakal” se escribe en “La Opinión”, bajo el título: “El Lobo de las Ofertas: Depredador Político”, que Cesar Ulises es más que una hiena política que saqueo al pueblo, autor de la “licuadora” y quien institucionalizó el desvío de recursos federales.
“Fue quien se benefició con el asunto de las quimios falsas que afectaron a niños y adultos con cáncer recibiendo millonarios cantidades de Jorge Carvallo Delfín y su primo Andrés Beceiro Delfín”.
Hoy “El lobo” juega por el PAN, el periodista Armando Arrieta se debate entre la vida y la muerte y los Gibb traen un serio problema familiar.
Tiempo al tiempo.
*Premio Nacional de Periodismo |
