Sin embargo, Ricardo Ramírez Nieto, presidente de la Sección Instructora, dijo que no procedía la solicitud debido a que consiguió un amparo definitivo, que evita la acción penal de la Fiscalía General de Veracruz, que lo acusa del desvío de 23 millones de pesos del erario. Así que esperarán a que se resuelva el amparo para proceder a la votación para dar luz verde o no a la solicitud de juicio político.
El coordinador de la bancada priista, César Camacho, ex gobernador del Estado de México. Manifestó que su partido “está contra la impunidad, pero también contra que se politice la justicia, por lo que deberá ser la ley, en un escrupuloso cumplimiento, la que nos dicte qué hacer” en la materia.
El 26 de enero de este año, Jorge Winckler Ortiz, fiscal general del estado de Veracruz, presentó ante la Cámara de Diputados la solicitud de juicio de desafuero contra Tarek Abadalá, sustentada en una denuncia por los presuntos delitos de peculado, abuso de autoridad y desvío de recursos por 23 mil 156 millones de pesos.
Sobre el caso de Tarek Abdalá los integrantes de la sección Instructora: Juan Pablo Piña, del PAN, Omar Ortega, del PRD, así como Sandra Méndez y Ricardo Ramírez Nieto, del PRI, ofrecieron una conferencia, donde PAN y PRD acusaron al PRI de enviar el tema al "limbo de la impunidad" y llamaron a Ricardo Ramírez Nieto, presidente de la Sección Instructora, a emitir un dictamen, tras afirmar que aún se encuentran en tiempo. Éste dijo que la instancia conoció del amparo desde la primera semana de febrero y afirmó que no lo dieron a conocer antes porque esperaban que el recurso judicial fuera revocado.
Por si fuera poco, el priista acusó al fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler, de "obstruir la acción de la justicia, al ocultar y distorsionar la información que tenía sobre el amparo", tras afirmar que conocía de éste cuando presentó la solicitud de desafuero en enero pasado.
Jorge Winckler, es ahora señalado por los priistas como el causante de obstruir la justicia, cuando en realidad están buscando hasta el mínimo detalle para no tocar el fuero de Tarek Abdalá, a pesar de que existen acusaciones directas y pruebas acusatorias en su contra.
La administración que encabeza el panista Miguel Ángel Yunes, es tomada por los priistas como una instancia a la que debe atacarse no sólo por intentar encarcelar a los cómplices de Javier Duarte, sino porque los del tricolor saben que con descalificaciones a los funcionarios públicos del PAN podrían ganar votos; sin embargo, pareciera que la balanza de la intención del voto no está ni con el PRI ni con el PAN sino con un movimiento que empieza a sorprender a los veracruzanos por penetrar de manera sutil pero contundente en el ánimo de los electores, quienes decidirán el destino de las 212 presidencias municipales de la entidad el próximo 4 de junio.
Por otra parte, el priista Antonio Enrique Tarín García, quien pretendía tomar protesta como diputado suplente de Chihuahua a pesar de contar con una orden de aprehensión, no tomará posesión del cargo.
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Guadalupe Murguía Gutiérrez, informó que ya está descartado que Tarín García asuma su puesto como diputado suplente, luego de que lo solicitara el ex funcionario de César Duarte Jáquez, tras serle concedido un amparo.
Tarín García se refugió en la Cámara de Diputados, luego de que la Fiscalía de Chihuahua enviara un documento para informar que el ex funcionario tenía una orden de aprehensión, sin embargo ésta nunca fue presentada, por lo que Antonio Tarín pudo solicitar un amparo y salir del inmueble sin ser detenido.
Antonio Enrique Tarín García, ex director de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, pretendía ocupar el lugar que dejó Carlos Hermosillo Arteaga, quien falleció el 20 de marzo tras sufrir un accidente en la carretera que va de Chihuahua al Parral.
El PRI considera que con expulsar a los militantes que cometen ilícitos están cumpliendo con la lucha contra la corrupción, mientras realizan actos como los anteriores señalados, donde les colocan los puentes necesarios para que puedan alcanzar la impunidad a través del fuero.
Porque para expulsar a gente que desde hace años se fue del tricolor es muy acomedido, por ejemplo, hace unos días formalizó la expulsión del ex gobernador y ex presidente de este partido, Humberto Moreira, por impulsar una fuerza política distinta, cuando desde hacía semanas Moreira era anunciado como el candidato del Partido Joven para una diputación en el Congreso local de Coahuila.
Entonces puede advertirse una acción absurda e innecesaria expulsar a alguien que ya se fue, es como correr de su casa a alguien que se sabe se fue para nunca volver.
Así el PRI se muestra más trasnochado que nunca y con poca voluntad de castigar la corrupción, menos aún si se trata de militantes de su partido.
Ante este panorama el PRI, desde la cúpula hasta la militancia pareciera llevar a cabo un doble juego en el que ya nadie cree, por un lado expulsa a los militantes que ya le dieron la espalda y, por el otro, premia la corrupción con fuero para ganar tiempo en la impunidad… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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