Algunos se plegaron a los designios del gobernador, por eso todavía están beneficiados por las dádivas de Alberto Silva, quien siempre fue el puente entre el ahora detenido y los medios. Pero la mayoría dieron cuenta de los excesos del entonces gobernador y sus cómplices de los cuales no se sabe sin son todos los que se mencionan o habrá otros agazapados en la administración pública, en los medios o, incluso dentro de los empresarios.
Porque el monto de lo robado no lo puede hacer un solo hombre desde la administración pública por mucho poder que tenga.
Así, los medios padecieron los abusos de poder y sufrieron en carne propia las consecuencias de un ambiente enardecido, creado por el gobierno de Duarte que se dedicaba a todo, menos a gobernar. Los medios tienen la lista, en muchos casos pormenorizada de los cómplices del ex gobernador, algunos de ellos instalados en el poder estatal desde la administración de Fidel Herrera, quien seguramente no saldría bien librado de la acción de la ley, en caso de que el PRI quiera hacer justicia y no un acto de campaña con la detención.
Pero más allá de los cómplices está la trascendencia política de las implicaciones del propio Duarte, porque su larga impunidad y la espera eterna de su captura arrojaron muchos rumores que terminaron en especulaciones pero que deben aclararse.
Simplemente los motivos de su impunidad, la facilidad para huir, la protección a sus cómplices, rebasa lo judicial y llega al terreno de lo político y, en estos tiempos también lo electoral.
Para conocer las repercusiones políticas de la conducta delictiva de Duarte hay que ver el pasado y el presente. Porque quien lo dejó en ese cargo fue su amigo Fidel Herrera, con el objetivo prioritario de cubrirle las espaldas. Y Fidel y Duarte estuvieron más cerca de la complicidad que de la justicia desde un principio.
Es decir, la jugada maestra de Fidel fue la colocación de Duarte, y la de éste fue ampararse en Fidel y toda la estructura que ya había colocado a lo largo y ancho de la administración pública de Veracruz, que muchas veces rebasaba los límites de la entidad.
La red de complicidad es política no judicial. Su protección e impunidad se basó en la relación política y con políticos. Sus excesos tienen un origen que va de un estado de impunidad total, desde el nacimiento del sexenio en 2010 hasta su renuncia, que, de no ser por los tiempos electorales, terminaría también en la impunidad.
La lista de complicidades es interminable, donde no están todos. Faltan los que el silencio de Duarte cuidó y los que seguramente surgirán en sus declaraciones, entre ellos, algunas sorpresas.
Alberto Silva Ramos, Diputado federal; Vicente Benítez González, Diputado Local; Gabriel Deantes Ramos, ex secretario de Trabajo y Previsión Social; Erick Lagos Hernández, Diputado Federal; Jorge Carvallo Delfín, Diputado Federal, Adolfo Mota Hernández, Diputado Federal
Moisés Mansur Cysneiros, empresario que filtró recursos públicos en inversiones en ese ramo. Posee tres inmuebles en la Ciudad de México, su testamento señala que si llegase a fallecer pasarían a Javier Duarte. Las propiedades están ubicadas en Polanco, Lomas de Chapultepec y un local en Masaryk.
Juan José Janeiro Rodríguez y Rafael Gerardo Rosas Bocardo, son otros de los cómplices de Duarte, quienes, siguiendo instrucciones de Mansur, invirtieron en un rancho en Las Mesas, en una operación que involucró más de cinco millones de dólares.
Hay otros muchos que deberán comparecer, presentar cargos o denunciar tareas ilícitas durante el mandato de Duarte; sin embargo, existen impedimentos políticos que resguardan la libertad de los delincuentes de cuello blanco.
La propia aprehensión de Duarte sirve para que haya un reconocimiento público al gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, quien con la detención del ex gobernador cumple con una de las más sólidas promesas de campaña y fortalece, al mismo tiempo, su liderazgo en el estado.
Al mismo tiempo le da un respiro al PAN, partido al que pertenece desde hace relativamente poco, para dar inicio a las campañas de proselitismos en busca de 212 presidencias municipales de la entidad, el próximo 4 de junio.
Yunes en la conferencia de prensa que pronunció a unas horas de la detención de Duarte, señaló que él ve 12 años de corrupción en el estado que se compromete a erradicar y castigar a los culpables; es decir, el periodo de Fidel Herrera y el de Javier Duarte. Ambos priistas y con una serie de delitos a lo largo de su paso por la administración pública.
Así, también la decisión de desaforar a los sospechosos de ser cómplices de Duarte es también una decisión política. Así como lo fue la decisión de encarcelar a algunos colaboradores de Duarte, quienes hasta la fecha se encuentran detenidos, pero desde luego que no son todos.
Arturo Bermúdez Zurita, secretario de Seguridad Pública de junio de 2011 a agosto de 2016, fue detenido el 3 de febrero de este año, acusado de tener propiedades con un valor de 2.4 millones de dólares en el complejo residencial The Woodlands, en Texas, Estados Unidos. Tiene una denuncia por tráfico de influencias.
Francisco Valencia García secretario de Infraestructura y Obras Públicos y director de la Comisión Estatal del Agua en Veracruz durante la administración de Javier Duarte, fue detenido por peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, tráfico de influencias y coalición. Fue detenido el 31 de marzo en la carretera Xalapa-Perote.
Mauricio Martín Audirac, secretario de Finanzas y Planeación en Veracruz, durante el gobierno de Duarte, fue ingresado al penal de Pacho Viejo en Coatepec, Veracruz, el pasado 29 de marzo acusado de los delitos de incumplimiento de un deber legal, peculado y tráfico de influencia.
Flavino Ríos Alvarado, quien fungió como gobernador interino de Veracruz cuando Javier Duarte pidió licencia, fue detenido el 12 de marzo en Xalapa, acusado de tráfico de influencias y abuso de autoridad por encubrir y ayudar a escapar al ex gobernador, mientras lo sentencian estará en arresto domiciliario por un año.
El que sigue es Tarek Abdalá Saad, diputado federal y tesorero del Estado durante la administración de Duarte, cuyo proceso de desafuero se revitaliza con la captura de su ex jefe.
Desde este punto de vista, los cómplices que deben comparecer ante la justicia son muchos y están protegidos, llámese fuero o cargo público. Las decisiones de este caso judicial, están en manos de los políticos. De hecho, se afirma que la detención de Duarte en Guatemala es un acto eminentemente político… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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