Lo escribió Raymundo Rivapalacio en su artículo de este lunes:
“La cacería de corruptos ha comenzado. No hay pistas todavía de por dónde podrán venir los primeros señalamientos, más allá de las investigaciones en curso dentro de Pemex. Funcionarios federales indicaron que la estrategia no se limita al gobierno del presidente Peña Nieto, sino que también se está analizando a los gobernadores –priistas y de oposición– por el manejo de los fondos públicos. Se desconocen las razones por las cuales Peña Nieto autorizó a sus dos cercanos colaboradores a iniciar la persecución, pero queda claro que con esto empezó a construir un puente para el día después que deje la presidencia, levantado sobre la infamia pública de funcionarios”.
Algo parecido se había publicado en este mismo espacio, a partir de mensajes que emitieron políticos veracruzanos con fuertes relaciones en la capital del país. Aquí mismo se anticipó que el gobierno federal había decidido tomar la iniciativa en el combate a la corrupción, y pasar de la defensa de cada caso que denunciaba la oposición, al ataque –con todas sus armas- de todos aquellos políticos y servidores públicos que rebasaron la línea de la decencia y pusieron en serios predicamentos al partido en el Poder.
Pero es tan amplio el espectro de potenciales procesados, que desde el centro decidieron elegir con mucho cuidado los casos más emblemáticos y enviar un mensaje cifrado para quienes decidieron tomar este tema como bandera, sin antes revisar su propio patio trasero.
En el caso específico de Veracruz, explicaron, los objetivos prioritarios serán aquellos personajes de la pasada administración que se hayan manchado las manos con dinero público… y que hayan negociado con el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares “vómito negro” a cambio de impunidad.
Así, de pronto, en lugar de Tarek Abdalá, Gina Domínguez, Alberto Silva, Mauricio Audirac, Carlos Aguirre, Francisco Valencia o Arturo Bermúdez, enfilarían sus baterías contra personajes como Érick Lagos, Jorge Carvallo, Adolfo Mota, Édgar Spinoso o Noemí Guzmán.
Tan presuntos culpables unos como otros, con la diferencia de que estos últimos se habrían “equivocado de ventanilla” al momento de buscar impunidad.
Tras la detención, el fin de semana, de la comunicadora Gina Domínguez, de inmediato surgieron versiones (procedentes de la administración estatal) en el sentido de que este mismo lunes estaría viajando a la capital del país el fiscal Jorge Winkler para solicitar juicio de procedencia en contra de Alberto Silva Ramos, quien ocupó la oficina de Comunicación Social en dos ocasiones durante el gobierno de Duarte.
Enterado en la capital del país de esta versión, el presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Ricardo Ramírez Nieto, le hizo un llamado al Fiscal de Veracruz para que integre “debidamente” los expedientes y lo acusó de “recurrir a la mentira para justificar sus ineficiencias”.
Cabe recordar que esa Sección Instructora fue la encargada de ver una solicitud similar para el desafuero del legislador por la Cuenca del Papaloapan, Antonio Tarek Abdalá, y la petición fue severamente cuestionada por sus notorias inconsistencias.
Al final todo quedó en un “calambre” más del gobernador veracruzano. La Fiscalía de Veracruz no presentó ante la Sección Instructora (al menos hasta el lunes) ningún expediente de Alberto Silva, y en caso de que lo haga en los próximos días, la Cámara habrá de darle entrada hasta el mes de septiembre. Si lo que pretenden es influir en el actual proceso electoral, ningún caso contra un legislador federal tendría ese efecto.
Lo que parece confirmarse es la posibilidad de que en los próximos días sea detenido otro miembro del gabinete duartista. El Presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, Juan Manuel de Unanue, anunció que el Orfis y la Auditoría Superior de la Federación presentarán tres nuevas denuncias penales por inconsistencias detectadas en la cuenta pública 2015.
Entre las dependencias “observadas” aparece Desarrollo Social del Estado, que en ese entonces era dirigido por Alfredo Ferrari Saavedra. Si el ánimo del gobierno es que la captura tenga resonancia en el municipio del “junior”, esa podría ser la opción que estarían considerando.
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Epílogo.
¡Vaya que le ardió! a Daniel Nava Trujillo, aspirante a la regiduría primera en Emiliano Zapata (esa que es segura, aunque el candidato a la alcaldía pierda), que el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) confirmara la candidatura de Sergio Leyva Olmos y su planilla y, por lo tanto, descalificara a Daniel Baizabal y su equipo, en el que se incluía Nava. Ofuscado por el descalabro, Daniel Nava se volvió a lanzar contra el magistrado presidente del TEV, Roberto Eduardo Sigala (a quien ya antes había acusado de “ser guatemalteco”). Ahora lo acusó de “corromperse” por haber resuelto en contra de sus intereses. No tiene ningún argumento válido para hacer tal acusación y pierde de vista que la resolución en contra de la planilla en la que él está incluido, fue aprobada por dos de los tres magistrados. Está claro que se desplomó su castillo de naipes y no anda buscando quién se la hizo, sino quién se la pague. *** En Córdoba, en un salón de belleza de la colonia El Pueblito, dos sujetos armados ingresaron al local y dispararon contra las damas presentes. El saldo fue de dos mujeres muertas y una herida de gravedad. *** En Tlapacoyan, mientras tanto, un taxista fue asesinado a balazos por varios hombres que viajaban en otro vehículo. Los testigos indicaron que la tarde del domingo el taxi con económico 104 del sitio de Martínez de la Torre, circulaba sobre la calle Juárez, cuando varios sujetos armados que viajaban en un auto Nissan Tsuru color blanco lo interceptaron. El taxista intentó huir corriendo, pero las balas lo alcanzaron por la espalda y cayó muerto. *** Debe ser “complejo” devolver la tranquilidad a los veracruzanos.
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