Tal es el caso de Milo Vela, columnista y editor de la sección policíaca de Notiver; Regina Martínez Pérez, corresponsal de la revista Proceso, y Gregorio Jiménez de la Cruz, reportero de Notisur, Liberal del Sur y La Red, entre otros, todos ellos críticos del sistema.
Al llegar Alberto Silva, de inmediato, metió a la cárcel al periodista Jorge Ricárdez Manrique, autor de la columna Del otro lado del Cristal, el 8 de mayo de 2011, cuando el duartismo comenzaba a hacer fechorías y no quería críticas.
El gobierno de Tuxpan que encabezó Alberto Silva Ramos heredó al término de su gobierno, que no concluyó, obras sin terminar, con valor de 32 millones 515 mil 815 pesos con 66 centavos, que tuvieron que ser ejecutadas en el ejercicio 2014.
Entre las obras inconclusas estuvo la construcción del dren pluvial en la calle Manuel Ávila Camacho y Las Jacarandas, entre la avenida Cuauhtémoc y la calle Jacarandas, para el desagüe de la colonia FOVISSSTE 1, así como la construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle Emiliano Zapata, entre la calle Aeropuerto y la Avenida Cuauhtémoc, de la colonia Adolfo Ruiz Cortines.
Además de la construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle Nuevo Tuxpan, entre la calle Lázaro Cárdenas y la calle Belisario Domínguez, en la colonia Escudero y la construcción de guarniciones y banquetas en la calle Del Pozo, entre la calle Del Puente y el callejón Del Sapo, de la colonia Las Delicias, entre otras 27 obras más.
Silva Ramos también dejó una deuda en el Ayuntamiento porteño por casi 70 millones más, de los cuales unos 40 millones de pesos corresponden a pagos con proveedores, desde contratistas, insumos y convenios de publicidad con medios de comunicación, entre otros servicios más.
Ya en el gobierno de Duarte, Alberto Silva Ramos, desvió, únicamente en diciembre de 2014, más de 245 millones de pesos del estado para la supuesta difusión de la actividad del gobierno.
La gran deuda que heredó Silva Ramos, debió ser absorbida por el actual presidente municipal Raúl Ruiz Díaz, quien debe hacer milagros para equilibrar las finanzas de la localidad y lidiar con el adeudo del ratero de Alberto Silva.
Una vez abandonada a su suerte la presidencia municipal de Tuxpan, Silva Ramos se convierte en titular de Sedesol, para después brincar a la oficina de coordinación de Comunicación Social, que debe dejar para llegar a la diputación federal que le otorga fuero e impunidad. Pero como en ese momento le era más útil a su patrón en Comunicación Social para desacreditar al entonces candidato a la gubernatura, Miguel Ángel Yunes Linares, regresa a manipular medios de información, propinas de por medio, para impedir que llegara el candidato del PAN limpio a las urnas, pero los veracruzanos dejaron de creer en algunos medios donde sabían de la influencia de Silva en sus contenidos.
Una vez definidas las elecciones para gobernador, que dieron el triunfo a su enemigo, Silva Ramos se refugió en su diputación federal, donde es intocable, ya que su inmunidad se convirtió en impunidad.
Silva tuvo entre sus muchos cómplices a Antonio Tarek Abdalá Saad, actual diputado federal, quien defraudó la hacienda pública de Veracruz, pues pagaron a empresas fachada por difusión que nunca ocurrió.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, señala que para desviar los recursos del erario Silva Ramos utilizó el presupuesto de 11 dependencias de la administración estatal en diciembre de 2014. En total fueron 245 millones de pesos por la “difusión de las actividades del gobierno del estado”.
Tarek Abdalá, entonces tesorero del gobierno, aprobó pagos, a pesar de que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, establece que la única dependencia facultada para realizar la difusión informativa del gobierno es la Coordinación General de Comunicación Social, que ese año dirigió Silva.
Entre las empresas declaradas inexistentes están: Carrirey, Ravsan, Anzara, Mogarver, Mercacarrey, Marvercarr, Publicidad Akkira y Gman Business.
Así, 68 millones de pesos fueron para Mercacarrey, 37 millones a Marvercarr y otros 37 a Publicidad Akkira. También 35 millones para Mogarver, 33 millones a Anzara, 19 millones a Carrirey y ocho millones a Ravsan y Gman Business.
Javier Duarte tiene cómplices, especializados en robos al erario, creación de empresas fantasma, intimidación a periodistas, actualización de fachadas financieras, etc. Es decir, Silva Ramos era el principal socio de Duarte en los delitos cometidos por el ex gobernador; sin embargo, fue premiado con una diputación federal, al igual que Tarek Abdalá y otros muchos, que siguen en libertad debiendo estar tras las rejas.
El propio Javier Duarte no ha sido siquiera investigado debidamente en suelo mexicano, donde no hay una sola declaración suya acerca de sus actividades ilícitas en el tiempo en el que fue gobernador.
Silva Ramos fue alcalde de Tuxpan de 2010 a 2013. En 2012 el apogeo de los zetas en esa zona fue evidente.
El 22 de marzo de ese año, cuando Silva Ramos era presidente municipal, se registró un enfrentamiento entre elementos de la Policía Federal y presuntos miembros de los Zetas, el cual tuvo como saldo 26 detenidos, siete heridos y dos muertos.
En dicha balacera fue abatido Enrique Delgado Fraire, “Mando Quique”, identificado por el Gobierno federal como el jefe de plaza de los Zetas en la zona sur de Tamaulipas y quien organizó la fuga de 53 reos del penal de Cieneguillas, Zacatecas, en mayo de 2009.
Tras la balacera, la PGR aseguró el rancho cuyo propietario, a través de su empresa ADT Petroservicios obtuvo contratos millonarios con Pemex, algunas dependencias del gobierno estatal, así como obra pública en Tuxpan, pero también, según autoridades de EU, por medio de esta compañía se dedicaba al lavado de dinero.
Uno de los ejecutivos de ADT Petroservicios era Francisco Silva Ramos, hermano del alcalde en ese entonces y ahora diputado federal con fuero y con impunidad garantizada… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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