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El parlamento moderno es producto de la razón occidental. Desde el mundo de las ideas, su cepa fue el pensamiento político de la ilustración y su fundamento filosófico el liberoindividualismo inglés, respaldos ambos de la práctica contestataria de las asambleas deliberantes y de los enfrentamientos violentos con el poder de la Corona sucedidos a fines del siglo XVII, cuya realidad se expandió en la Europa centro occidental en el transcurso de los siglos XVIII y XIX. Al admitir el valor del legado de los representantes de la Ilustración, sobre todo en el ámbito de la filosofía política, Isaiah Berlin se acerca al contenido de las ideas y su historia, sin dejar de señalar los errores de algunos filósofos ilustrados en la interpretación de los asuntos humanos. No pocos de ellos observaron la cientificidad de los métodos y categorías aplicados en las ciencias naturales, y manifestaron su interés o franca convicción en la existencia de leyes históricas a manera de uniformidades de carácter universal, que permitirían explicar y predecir los fenómenos sociales para evitar los males de su época.

El parlamento moderno se consolidó en este ambiente cultural, históricamente definido, apropiándose de ideales como la razón, la libertad y la felicidad humana. Pero, a diferencia de los pensadores, los parlamentarios ejercieron liderazgos en los congresos de la modernidad, con un sentido de la realidad parlamentaria basado en el cálculo eficaz del juicio político, para evitar generalizaciones y optar por decisiones empíricamente viables. Así, respecto de la filosofía de la ilustración, admitieron la universalidad de los valores humanos, pero fueron escépticos por cuanto a la inmutabilidad de la naturaleza humana.

La realidad parlamentaria se nutrió también del contractualismo teorizado con oposiciones y afinidades por Hobbes, Locke y Montesquieu. El contrato de cesión absoluta de derechos naturales en favor de un solo soberano, que Hobbes argumentó orgánicamente con la metáfora del Leviatán, fue combatido por el iusnaturalismo que Locke postuló como fundamento del gobierno civil. De hecho, a fines del siglo XVII, Locke se vinculó directamente con el partido liberal inglés, dotándolo de un discurso político que argüía derechos naturales de igualdad, independencia, libertad, propiedad privada y división tripartita del poder público; esta última, reelaborada por Montesquieu en el siglo XVIII bajo la concepción de legislativo, ejecutivo y judicial, como poderes sujetos a equilibrios y contrapesos.

A partir de la independencia de las colonias americanas y la revolución francesa, ocurridas en el último cuarto del siglo XVIII, el parlamento racionalizó e hizo realidad la herencia intelectual de los contractualistas liberales. Se arrogó la función de facturar leyes y legitimó su nuevo monopolio en cartas constitucionales: exactamente el mismo poder que en la actualidad posee. Con esta función, la realidad parlamentaria adquirió un nuevo sentido y dejó de ser una asamblea de mera deliberación de impuestos y declaraciones de guerra. Ahora decidía su aprobación y, además, la de todas las leyes nacionales, sin la intervención de ninguno de los otros poderes públicos. Continuaremos.