¿Cuáles son los propósitos de estas agresiones que se dirigen a las mujeres de todos los partidos que se han atrevido a plantar cara con posturas críticas? No lo sabemos.
Lo cierto es que han marchado de manera paralela al desmantelamiento del Instituto Veracruzano de las Mujeres, al condicionamiento del debate legislativo en torno al aborto, a la poca efectividad de la Fiscalía General para contener la violencia de género y los feminicidios, y a la permisividad de actos de violencia como los sufridos por la esposa del Secretario de Gobierno, el perredista Rogelio Franco Castán, cuyas denuncias en redes sociales han sido desmentidas y atribuidas a supuestos hackeos, aunque las imágenes muestran a la agredida sin lugar a dudas.
Una historia de misoginia
El gobierno de Miguel Ángel Yunes apenas está por cumplir siete meses. Sin embargo, los desencuentros de su gobierno y su partido con las mujeres han estado a la orden del día desde el inicio mismo.
A un mes de su gestión, ya había incorporado al linchamiento mediático a la diputada local por Morena, Rocío Pérez Pérez, a quien Yunes Linares señaló de instigar a los campesinos del municipio de Tatahuicapan a cerrar las válvulas de la Presa Yuribia, que abastece de agua a unos 500 mil habitantes de Coatzacoalcos y poblaciones cercanas.
En su batalla contra Morena, para ablandar su poderío político con vistas a las elecciones municipales celebradas el pasado 4 de junio, Yunes Linares exhortó a los dirigentes de ese partido a no repetir conductas que lesionan la estabilidad política y que violentan el derecho de los veracruzanos a recibir agua.
Aunque la diputada federal Rocío Nahle insistió en que el gobernador veracruzano debía disculparse por faltar a la verdad, el asunto se mantuvo y se dieron amagos por incorporar a la Fiscalía para arreglar un asunto que evidentemente ponía en entredicho un derecho fundamental en la zona sur pero que buscaba atacar a Morena, a través de su diputada local.
La siguiente en sentir el rigor de género fue la diputada local panista Marijose Gamboa; su iniciativa de nueva Ley de Transporte, que permitiría concesiones rurales para mototaxis en zonas donde no hay rutas de transporte público, fue acremente criticada por el gobernador Yunes, quien anunció que la vetaría. Creyendo en la supuesta libertad que le daba el fuero, Marijose le respondió con rudeza, señalando a su impulsor como de estar amafiado con los transportistas. Yunes Linares, dijo, no está respetando la autonomía del Poder Legislativo de Veracruz, por lo que sospecha que hizo una promesa de campaña a los transportistas que está buscando cumplir contra la decisión de la legislatura.
Lo que vino después todavía está discutiéndose en las cámaras de diputados, tanto la local como la del Congreso de la Unión, además de en los organismos electorales: la recepción de fuertes cantidades de dinero, grabadas en video y luego divulgadas por El Universal, por parte de la entonces candidata de Morena a la alcaldía de Las Choapas, Eva Cadena Sandoval, quien de inmediato fue bajada del caballo electoral y regresada a su curul, ahora como independiente, en la Legislatura local.
Sobre el tema se ha escrito mucho, así que no tiene caso profundizar sobre esa tortuosa sucesión de videos en que recibe dinero para Morena y su líder nacional Andrés Manuel López Obrador. Su expulsión automática de ese partido fue aprovechada para que la expanista enfocara sus baterías en contra de la lideresa de Morena en la Cámara de Diputados, Rocío Nahle García, quien mantiene una influencia política decisiva en la zona industrial de Coatzacoalcos y Minatitlán, que permitió el 4 de junio el triunfo de sus candidatos a alcaldes.
Las declaraciones de Nahle en el sentido de que la mujer que aparece en los videos entregando dinero a Eva Cadena era Ana María Winckler, hermana del Fiscal General del Estado, fue de inmediato utilizado para llamarla a declarar ante esa dependencia, actuando con una velocidad digna de mejores expedientes ministeriales.
Cinthya Lobato ha sentido el rigor
El conflicto más reciente ha sido contra la diputada panista Cinthya Lobato Calderón, quien ya había sentido el rigor del desprecio yunista; en 2007, fue obligada por su partido a morder el polvo cuando fue candidata a alcaldesa de Xalapa. En los comicios para la diputación local de 2015 fue vencida en las urnas por Daniela Griego Ceballos, de Morena, pero de todas maneras alcanzó curul por ir en la lista de plurinominales blanquiazules.
Pese a ello, nunca ha sido bien vista en su fracción parlamentaria, dirigida por un gris exempleado del dirigente estatal del PAN, quien de inmediato la sometió a la congeladora. Todo lo que ha organizado la diputada xalapeña ha sido torpedeado por Sergio El Bailador Hernández Hernández, un líder cameral sin licenciatura, si bien se solaza de entendederas legislativas por el solo hecho de haber llegado al sexto semestre de la carrera de Derecho.
Hace unos días fue escándalo nacional un audio en que ambos discuten acaloradamente y ella acusa al dirigente de su fracción de, en contubernio con el administrador del Congreso, Carlos Fuentes, exdiputado local en la anterior Legislatura, destinar los abundantes recursos financieros del Congreso a la contratación de prostitutas y consumo de alcohol y drogas.
De inmediato operó la maquinaria panista para defender al indefendible Checo y a su mozo de espadas, Chico Fuentes. Hasta la Fiscalía metió sus narices y citó a Cinthya para que acudiera a declarar en una investigación, abierta con tanta prontitud como estupidez. Cinthya aceptó ir a refrendar sus consideraciones y tuvieron que meterle mesura al tema cuando le correspondía asistir a declarar al pachanguero dirigente panista, coludido con el líder panista José Mancha.
Lo anecdótico es que la diputada Maryjose Gamboa Torales se le fue a la yugular; dijo, con una candidez digna de una ignorante, que la actitud asumida por su compañera Cinthya Lobato Calderón tenía ‘trasfondo político’, como si no se dedicaran justamente a la política, y defendió el uso discrecional de los recursos por parte del líder cameral.
Por su parte, Sergio Hernández se amparó ante la prensa con la frase de que quien acusa está obligado a probar. En un mensaje en Facebook donde se le ve manejando su auto, el coordinador de la fracción legislativa panista, afirma que todo se trata de un show mediático y un chisme de pasillo, pues los recursos al interior del Congreso se manejan de forma transparente.
Y este tipo de casos se multiplicarán.
Yunes Linares, un gobernador reprobado
La semana pasada, el portal SDP Noticias publicó los resultados de la Evaluación de Gobernadores del mes de junio que, bajo su encargo, elaboró la organización México Opina y, para nuestro desconsuelo, tanto en porcentaje de evaluación como de aprobación, el gobernador panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, se ubica muy debajo de la media tabla.
La lista de los diez mejores 10 (top ten) es controlada por los gobernadores panistas de Guanajuato, Durango, Querétaro, Chihuahua y Puebla, y los priistas de Yucatán, Sonora, Hidalgo, Tlaxcala y Jalisco, ninguno de los cuales supera el 60 por ciento de evaluación, pues el más alto, el gobernador panista de Guanajuato, Miguel Márquez, apenas llega al 51.3 por ciento.
Si eso se observa en los gobernadores ‘estrella’, cuyos nombres se repiten (aunque con alguna variación) en el porcentaje de aceptación, la situación para los estados del sur es realmente desastrosa. El desempeño de los gobernadores de Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo, Guerrero, Tabasco y, sobre todo, Chiapas, la mayoría en sus primeros meses de gestión, apuntan a un bajísimo desarrollo que prolongará la larga noche de los gobernadores corruptos, particularmente en Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo y Chiapas.
A diferencia de Miguel Ángel Yunes Linares, gobernadores que comenzaron sus gestiones un poco antes o, incluso, en enero y febrero de este año, lo ven desde lejos porque destacan tanto en la evaluación como en la aprobación de sus gobernados. Tales son los casos de los gobernadores panistas José Rosas Aispuro (Durango), Javier Corral Jurado (Chihuahua) y José Antonio Gali Fayad (Puebla), y de los priistas Omar Fayad (Hidalgo) y Marco Antonio Mena Rodríguez (Tlaxcala), todos ellos en los primeros diez lugares de la evaluación.
Además del Partido Verde (PVEM), cuyo único gobernador, Manuel Velasco, de Chiapas, se encuentra en el último lugar (16.5% en evaluación y 19.7% en aprobación), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) tiene el negativo mérito de tener a los peores gobernadores, incluso al recientemente electo Carlos Joaquín, de Quintana Roo. Se agregan a él, Arturo Núñez, de Tabasco, y Graco Ramírez, de Morelos, apenas salvados por Silvano Aureoles, de Michoacán, y Miguel Ángel Mancera, de Ciudad de México.
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