Para poder conocer estos datos, tuvo que darse un escándalo mediático por el pleito entre dos diputados de ese mismo partido, Cinthya Lobato y el coordinador de la bancada Sergio Hernández, precisamente por el manejo opaco y discrecional de ese dinero, sobre el cual no existe mecanismo de fiscalización alguna. Como lo dijera la también diputada panista María Elisa Manterola, los legisladores pueden pagarse hasta los bautizos de sus hijos si así lo desean.
Finalmente, han tenido que aclarar, a medias y a regañadientes, la disposición del recurso en esa bancada, aunque sea como una mera formalidad. La ausencia de mecanismos de control sobre ese gasto hace casi imposible verificar si es cierto lo que informó Mariana Dunyaska, pero al menos se vieron obligados a dar una explicación. Por cierto, en las demás bancadas no han precisado en absoluto en lo que utilizan dicho presupuesto.
La transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción son temas con los que la clase política se llena la boca para presumir supuestos logros, pero que en realidad les dan rasquiña a la hora en que son escudriñadas sus acciones y decisiones.
El solo hecho de que el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Datos Personales lleve más de un año incompleto, con una vacante en su consejo, demuestra el poco valor que los políticos veracruzanos le dan al tema. Mientras más difícil sea para los ciudadanos revisar lo que hacen con los recursos públicos, para ellos mucho mejor.
La hecatombe económica y financiera provocada por el derroche y el abierto desvío de recursos de los sexenios de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa debería habernos enseñado una muy dura lección de lo que sucede cuando la ciudadanía deja pasar y hacer, sin ninguna clase de freno, a la clase política, cuya voracidad es desmedida.
Sin embargo, seguimos empeñados en construir ídolos de barro que nos van a salvar de todas nuestras desgracias, a cambio de lo cual hay que darles manga ancha para que se despachen con la cuchara grande de las arcas abiertas.
El caso del Congreso de Veracruz es una pequeña muestra de que sí se puede obligar a la clase política a transparentar sus cuentas, por más que crean que con dejar morir un tema en los medios pueden rehuir de sus responsabilidades para con los ciudadanos.
Pero es necesario exigir. Apelar a la buena voluntad de los políticos para que nos digan lo que hacen con nuestro dinero es, además de ingenuo, inútil.
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