“No vamos a permitir de ninguna forma que escudándose en la calidad de periodistas, sigan colaborando algunos individuos con la delincuencia organizada; lo digo con toda claridad, los periodistas no son delincuentes, pero hay personas, delincuentes, que escudándose en credenciales de periodistas colaboran con la delincuencia organizada”, dijo Yunes Linares durante una conferencia de prensa del Grupo de Coordinación Veracruz.
Esto luego de ser cuestionado acerca de una información difundida en algunos portales de noticias, en la que se implicó en el asesinato del comandante de la Policía Federal Camilo Castagne a una persona que guardaba cierto parecido físico con uno de los sicarios, pero que no tenía nada que ver ni con el homicidio ni con los asesinos.
Pero el gobernador despotricó contra quienes difundieron la especie, sin señalar a quienes se refería específicamente: “nosotros no dimos a conocer ninguna información que vinculara a esta persona con actividades ilícitas, por eso no salimos a aclarar nada. Debe aclarar quien lo hizo, que fue un medio de comunicación el que vinculó a esta persona con el crimen del comisario. Ese medio de comunicación debe explicar también por qué lo hizo, porque es evidente que lo que pretendían era desviar el sentido de la investigación que nosotros teníamos muy precisa desde la noche que se cometió el crimen”.
¿De verdad es “muy evidente” que lo que buscaban los medios de comunicación –porque fueron varios los que difundieron esa versión- era “desviar el sentido de la investigación”? La acusación del gobernador Yunes Linares es temeraria y no está soportada por prueba alguna hasta el momento.
Es un hecho que los medios en cuestión cometieron una monumental pifia al involucrar en un crimen, sin corroborar antes el dato, a una persona inocente del mismo. Se les puede tachar de irresponsables, de faltos de rigor y ética. De ahí a involucrarlos en una estrategia para obstruir la investigación de un asesinato hay un tremendo trecho que debería acompañarse con pruebas antes de soltar un señalamiento tan grave. Más aún, proviniendo de la principal autoridad del estado de Veracruz.
Pero Yunes Linares fue más allá. Encarrerado, señaló que “estamos trabajando en la zona conurbada (Veracruz-Boca del Río) en relación con tres personas que, en su condición de periodistas, se dedican a dar información a la delincuencia organizada”.
El gobernador Miguel Ángel Yunes está obligado a demostrar sus dichos con hechos. Si de verdad tienen pruebas de que hay reporteros que trabajan con la delincuencia, debe actuar con celeridad, aplicarles la ley, mostrarlos ante la opinión pública con el sustento de sus actividades ilícitas y meterlos en prisión.
Los periodistas no somos santos. Como cualquier ser humano, somos susceptibles de errar e incluso de delinquir. El hecho de dedicarnos a esta labor no nos hace inmunes a las tentaciones y por supuesto que es factible que haya quienes colaboren con los criminales. Pero en ese momento, ya no son periodistas, sino delincuentes.
Dejar esa acusación al aire, sin más, sería una gravísima irresponsabilidad del actual gobernador. Se colocaría en el mismo nivel de su antecesor Javier Duarte cuando le soltó a un grupo de comunicadores de Poza Rica aquel infame “pórtense bien”, asegurando que sabían quiénes colaboraban con la delincuencia, sin hacer nunca nada al respecto, pero poniendo en un mismo rasero a todos. En este momento, Yunes Linares se colocó en la misma circunstancia.
Esperamos las pruebas y las acciones, gobernador.
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