No logró su propósito para bien del IAP. Hoy, sin embargo, tanto a la rectora Sara Ladrón de Guevara como a la Secretaría Académica Leticia Rodríguez Audirac, les ha parecido que es tan cercana la debacle académica de la FAP que es preferible colocar ahí a cualquiera. Una gris egresada que no ha logrado luces ni en los salones de clases ni, mucho menos, en las galerías de arte de Xalapa; olvidémonos de una posible incursión en los circuitos artísticos de otras ciudades.
Hay quienes dicen que la decisión se tomó porque es mujer, la única en la terna, junto a Carlos Palacios y Ramón León. De lo demás, las fuentes consultadas aseguran que no le alcanzaría ni para lograr más horas de clases porque siempre ha sido famoso su pésimo desempeño como docente, más bien ignorante de las nuevas tendencias en el arte (y, más aún, de su historia), con trabajos pictóricos no malos sino vergonzosos.
Para todos es evidente su escasísima cultura como para tener siquiera una conversación regular con artistas, corredores de arte, críticos y directores de museos o de escuelas de arte, con quienes pueda acercar propuestas innovadoras que alienten a los estudiantes de las diversas carreras que ahí se imparten.
¿Qué papel le tocará jugar a esta nulidad como directora de una facultad que vive una profunda crisis en todos los sentidos, a cuya carrera de fotografía le ha sido augurada su próxima desaparición, donde prácticamente han sido clausuradas las clases y talleres de cerámica, donde los egresados de diseño gráfico (donde estuvo como profesora) se ven obligados a tomar cursos para aprender a manejar las nuevas herramientas tecnológicas?
Todo parece indicar que lo que se quiere en Rectoría es tener a un personaje obediente y dócil con el cual negociar disminuciones presupuestales o la desaparición de la educación artística. Y pensar que esta facultad, junto con las de danza, teatro y música, daba fulgor y reconocimiento nacional e internacional a la Universidad Veracruzana. Es una lástima.
La PGR, ¿tras periodistas incógnitas?
Luego de la pifia pública de este domingo del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares cuando anunció que había tres periodistas y un medio de comunicación bajo investigación por supuestos vínculos con bandas criminales, este lunes el Fiscal General Jorge Winckler Ortiz ha seguido con el peligroso juego de echar tierra a todos los periodistas del Puerto y su zona conurbada al señalar que la Procuraduría General de la República (PGR) ha atraído las carpetas de investigación en contra de mandos policiacos, periodistas, medios de comunicación y ciudadanos, presuntamente involucrados con la delincuencia organizada.
Entrevistado en un evento justamente sobre derechos humanos, Winckler Ortiz precisó que, además de las de periodistas, fue entregada a la PGR la carpeta de investigación contra mandos policiacos relacionados con en el caso de los asesinatos de una familia en Coatzacoalcos. “Esta investigación nos fue solicitada por la Procuraduría General de la República para la carpeta que ellos tienen respecto de una persona que presumen es el autor intelectual del crimen”.
En el mismo evento, el director de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Sepúlveda Iguíniz, dijo que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares debe denunciar y solicitar una investigación ministerial en contra de las personas que utilizan credenciales de periodistas y que al parecer filtran información al crimen organizado.
Dijo que, al iniciar una investigación, la Fiscalía General del Estado (FGE) no viola los derechos humanos del gremio periodístico. “Lo que se debe hacer en donde exista posibilidades o sospechas de que se está cometiendo un delito o que incluso exista participación directa, es hacer investigación ministerial, y hacer una investigación ministerial no viola los derechos humanos”.
Lo que no dijo el funcionario federal (que representa a un gobierno que no ha sido particularmente sensible al peligro que corremos quienes nos dedicamos a la labor periodística), es que si el anuncio no corre de manera paralela a la detención de los investigados o la investigación ha sido anunciada cuando no se ha avanzado lo suficiente como para detener a los señalados, se pone en riesgo a toda la comunidad reporteril de sufrir los amagos de bandas criminales que estarían observando riesgos de ser descubiertas.
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