En el solar jarocho, en lo que va del presente gobierno (diciembre de 2016 a mayo de 2017) se han registrado 757 homicidios dolosos, con un promedio de 126 ejecuciones al mes; en el mismo periodo del gobierno de Javier Duarte de Ochoa (diciembre de 2010 a mayo de 2011), cuando se desataron las luchas entre las bandas criminales e, incluso, se dieron varios asesinatos de periodistas, se registraron 327 homicidios dolosos, un promedio de 54.5 ejecuciones al mes.
Pero parece que las dos últimas semanas quedarán en la historia como las más sangrientas. Al menos en dos días de la semana pasada se pudieron numerar más de 30 homicidios dolosos, la mayoría realizados por las bandas criminales, en una guerra que no solo parece basarse en la lucha entre las diferentes mafias, sino de estas con el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, quien todo parece indicar que no ha buscado acuerdos con los grupos criminales.
Ni esperanzas de que las cosas mejoren
¿Es culpable el gobernador Yunes de este incremento en el número de crímenes sangrientos, la mayoría aderezados con tortura previa y desmembramiento de los cuerpos? ¿Debe su gobierno pactar con las bandas criminales como lo están proponiendo siniestros personajes, para lograr una aparente cordura de los criminales a la hora de extorsionar, robar, secuestrar y asesinar? ¿Es un problema de Veracruz o es producto de una escalada generalizada en el país?
Por supuesto, la violencia no solo puede atribuirse a la falta de preparación de los cuerpos policiacos locales, varios de cuyos jefes y elementos de tropa han mantenido relaciones de colaboración (voluntaria o forzada) con los grupos criminales en las diferentes zonas del estado; tampoco puede ser todo culpa del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, quien por cierto carece de la experiencia que un caso de extrema violencia como el que padecemos merece. Pero no podemos soslayar que ambas circunstancias colaboran en que la situación no disminuya.
Para nadie es un secreto que el actual gobierno ha preferido invocar el apoyo federal con su fuerza de tarea para enfrentar a un mayor número de bandas criminales que han decidido pelearse nuestro territorio.
Lo ha hecho en demérito de formar elementos propios, con mayores capacidades tácticas, mejor armamento y un mayor conocimiento del terreno que pisan. Los elementos federales se pasean por varios sitios, pero difícilmente pueden golpear a la delincuencia si no hay un trabajo de inteligencia.
Pero el problema es nacional. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha mostrado una clara ineficiencia para enfrentar a una especie de Estado paralelo como el que construyen los cárteles mexicanos.
El país se ha convertido en uno de los principales campos de producción de estupefacientes, particularmente de cocaína, goma de opio y anfetaminas, luego de los golpes dados a los cárteles colombianos y a las dificultades que para la exportación de su producción ha significado la guerra en Afganistán; somos el tercer lugar mundial en producción de amapola (en Guerrero, la batalla por mantener este negocio es el que lo ha convertido en el principal generador de homicidios dolosos), y el mayor negocio es la producción y trasiego de drogas de diseño.
Solo es cuestión de echarle un ojo a los datos oficiales (que siempre serán parciales por las cifras negras), para darse cuenta de lo grave de la situación nacional, que también afecta a Veracruz.
El saldo oficial en lo que va de 2017 es de 9 mil 916 averiguaciones por homicidio doloso en México, lo que es también un récord. En el mismo periodo de 2011, hasta ahora el año más violento del que se tenía registro, se habían registrado 9 mil 466 carpetas por el mismo delito. Ello significa que este año el nivel de violencia se encuentra casi 5 % por encima de 2011, el año con más homicidios registrados.
Con una policía estatal que ha debido adelgazar por el despido de cientos de elementos, sea porque no pasaron los exámenes de confiabilidad o porque fueron pillados en actos delictivos, y la invocación de cuerpos policíacos federales, que han mostrado su nulidad para contener el crimen organizado en el país, las esperanzas de que las cosas mejoren en Veracruz ya podemos darlas por perdidas.
¿Qué nos toca por hacer a los veracruzanos? Por supuesto, seguir exigiendo al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares que mejore la actuación policiaca contra las bandas criminales; que se exija un mayor auxilio del gobierno federal para esta tarea y resgradarnos para evitar ser parte de las estadísticas criminales.
-¡Que Dios nos agarre confesados!, dirían nuestros abuelos.
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