Se dio a conocer la primera filmación, que data de la Segunda Guerra Mundial, en la que aparecen las llamadas “mujeres de confort”, esto es, las mujeres que utilizaba el ejército japonés como esclavas sexuales. La cinta presuntamente fue realizada por soldados estadounidenses y ahora constituye una prueba visual y contundente de un hecho del que sólo existían algunos testimonios. Se afirma que las mujeres esclavizadas por los soldados japoneses eran en su mayoría surcoreanas, aunque también las había de China, Filipinas, Indonesia y Taiwán.

            Las mujeres utilizadas para estos fines generalmente eran secuestradas y recibían un trato cruel e inhumano. Eran torturadas, apenas alimentadas y utilizadas al gusto de los militares. El cálculo es que alrededor de 200 mil mujeres padecieron esta condición. Y aunque existían testimonios suficientes, Japón sólo reconoció la existencia de los burdeles de guerra hasta 1993, es decir, 48 años después de terminada la guerra y doce años después de haberse hecho pública la existencia tanto de este hecho de guerra  −en 1981− como de sobrevivientes que languidecían ancianas, pobres y enfermas, muchas de ellas como secuela de las golpizas o torturas que sufrieron. Japón todavía se tardaría 14 años para expresar disculpas públicas por esta circunstancia (en 2007).

            Hoy, que se ha dado a conocer la filmación en la que aparecen siete esclavas sexuales haciendo fila y atendiendo a algo que dicen soldados, el hecho −que por cierto ya ha sido motivo de conflictos diplomáticos entre Japón y Corea− escandaliza y se toma como un acto de máxima crueldad humana, aun considerando que eran otros tiempos, que hace 72 o 76 años, cuando estaba en curso la guerra, no había perspectiva de género ni leyes de protección para las mujeres, mucho menos tendencias mundiales que clamaran por resguardar los derechos de la población femenina.

            Hoy, que aparentemente la perspectiva de género es lo políticamente correcto, que existen leyes que protegen a las mujeres de la violencia y que México ha firmado protocolos vinculantes para aplicar políticas favorables a las mujeres, se dan casos como el de Norma Mendoza, la mujer que fue detenida en 2011, aparentemente por militares en Nuevo Laredo acusada de ser “halcón” de un grupo de narcotraficantes. Fue entregada a policías de la fiscalía y recluida en el Centro de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo donde fue torturada por integrantes de otro grupo de la delincuencia organizada. Después de varios días en los que le arrancaron las uñas, recibió golpizas, quemaduras de cigarrillo, casi no probó alimentos y la dieron por muerta, la enviaron al Hospital General de Nuevo Laredo. Llegó allí con el cerebro inflamado, hemorragia interna, costillas rotas, el hígado y la vesícula destrozados, y donde sólo logró comenzar a recuperarse después de 14 cirugías. Las cicatrices terribles que le quedaron le recordarán de por vida este dramático episodio que tuvo lugar en 2011y concluyó mucho tiempo después de haber sido atendida a consecuencia del maltrato extremo a que fue sometida, en 2015, cuando un juez ordenó su libertad por falta de pruebas.

            A Norma Mendoza se le aplicó el Protocolo de Estambul, utilizado por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para documentar los casos de tortura. Norma todavía espera algo de justicia con una indemnización que reclama con asesoría de la ONU, pero lo último que se ha publicado sobre el caso es que su expediente está perdido.

            En otro caso, hace un par de días, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México determinó que la causa de muerte de la joven Lesby, hallada sin vida en Ciudad Universitaria, fue suicidio, pero se acusará a su novio de homicidio simple doloso porque lo hizo frente a él sin que este hiciera nada por impedirlo. Homicidio y no feminicidio. Además de todas las interrogantes que hay alrededor de esta muerte, no se aplica la perspectiva de género. Las instituciones lo que desean es deshacerse lo más pronto posible de un caso como este que consideran una “papa caliente” que pudiera “quemar” las aspiraciones políticas del jefe de gobierno de la Ciudad de México.

            Así sea lo más siniestro y escandaloso, todo se puede enterrar en aras del bien político de alguien. Sobre todo si las víctimas fueron mujeres. Y no estamos en 1945. Dicen. Y ahora hay perspectiva de género. Dicen. Tampoco estamos en guerra. Dicen. Lo cierto es que el maltrato y la injusticia son los mismos.

ramirezmorales.pilar@gmail.com