Somos el país del “después de”. Después de accidentes, robos, asesinatos y otras atrocidades se instrumentan medidas, se “investigará hasta dar con los responsables”, se castigará “caiga quien caiga” y, a fuerza de escuchar esto una y otra vez, cada vez que un funcionario o un político toman medidas “después de”, la sordera ciudadana crece porque casi siempre son declaraciones para contener el enojo, parar la “mala prensa” o evitar las malas noticias cuanto el timing es adverso al funcionario involucrado, etc. Lo cierto es que casi nunca se hace nada.

            Después de que Javier Duarte huyera del estado de Veracruz y se descubriera el monumental desfalco que cometió en la entidad, entonces el PRI decidió sacarlo de sus filas. Durante los últimos meses de su mandato las protestas por la falta de dinero y los fraudes fueron casi diaria; productores de piña, maestros, jubilados, becarios, transportistas, músicos, constructores y hasta vendedores de tortillas se turnaban el lugar en las afueras de la Secretaría de Finanzas para protestar por la falta de pagos. ¿Cómo es que nadie en el gobierno federal advirtió que estaba pasando algo muy grave en Veracruz? Cuando llegó la expulsión del partido después de ya era tarde, ¿a quién le importaba si lo expulsaban del partido que lo solapó o no? lo que todo mundo quería era la devolución de lo que se llevó y que hasta la fecha seguimos esperando.

            Que César Duarte había utilizado mal los recursos públicos es algo que también se sabía desde hace tiempo. Este exgobernador quizá pensó que tenía un salvoconducto asegurado porque parte del dinero que estafó a los ciudadanos se lo entregó al PRI. Las autoridades no actuaron ágilmente, como es común que ocurra en estos casos. Sólo la presión política y social los llevó a investigar a Duarte, cuando por todos lados se decía que era un defraudador. En octubre de 2016 Carlos Loret de Mola informó que se encontraba en el hotel Four Seasons de Orlando, pero dejaron pasar el dato. Ya andaba huyendo, aunque lo negó. A nadie se le ocurrió seguirlo o monitorearlo. Se dieron cuenta que no lo podían localizar hasta que un juez libró una orden de aprehensión y sólo después de eso declararon que era prófugo de la justicia.

            Roberto Borge Angulo, el exgobernador de Quintana Roo también se echó sus moneditas al bolsillo. Eso se sabía desde hace mucho. Después de que fue aprehendido recientemente, también lo expulsó de sus filas el PRI. Antes no, para que no interfiriera con las campañas y jornada electoral del pasado 4 de junio. Fue preferible tener a un truhán en sus filas durante todo ese tiempo, no les fuera a salar la elección. Se le echó del PRI después de.

            Lo peor es cuando las autoridades toman medidas después de una tragedia, porque generalmente esas medidas se limitan a hacer encendidas declaraciones y todos, hasta ellos mismos, saben que no harán nada.

            Después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa “se realizaría una investigación a fondo para dar con la verdad”. Ahora hay tantas verdades que se les hizo grumo el engrudo. Y después de tanto manoseo del tema, después de tanta investigación, después de la invitación a especialistas extranjeros a los que posteriormente se les despidió con malos modos y después de tantas declaraciones oficiales contradictorias, es probable que si llegaran a decirnos algo así como la verdadera y real verdad histórica, especialmente a los padres de familia, quién sabe si les creeríamos.

            En el Estado de México, en el municipio de Nezahualcóyotl, una niña de apenas 11 años sufrió abuso sexual y asesinato; su cuerpo fue abandonado en un vehículo de transporte colectivo. La madre se queja, con toda la razón, de que no hubo quien la ayudara ni quien atendiera su queja cuando denunció su desaparición. El hallazgo del cuerpo de la pequeña y la indignación que causó porque las declaraciones de la madre llegaron a la prensa obligaron a las autoridades a dar la cara. Si hubieran podido acallar el caso, no se habrían tomado siquiera la molestia de abordarlo. Sólo ahora, después de este lamentable feminicidio se dice que se tomarán medidas para que los usuarios viajen seguros en el transporte público, que habrá más iluminación, suspendieron a todos los operadores de la ruta 40 y prometen que este brutal asesinato no quedará impune. ¿Acaso las autoridades no sabían de los asaltos y violaciones en el transporte público? Es el pan de cada día. ¿No sabían de los feminicidios? ¿Qué castigo le impusieron a quienes no atendieron a la madre angustiada por la desaparición de la niña? Sólo promesas después de que la prensa se ocupó del caso.

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